Resulta curioso ese afán de Torra de hablar siempre en nombre del "pueblo catalán". En realidad es una manipulación de la realidad con ese estilo tan conocido de repetir una y mil veces la misma mentira. ¿De qué pueblo habla?, ¿del 47% que votó en favor de los partidos independentistas o del 53% que no les votó? Cuando los datos son incómodos, pues se olvidan los datos.
También resulta curioso esa, al parecer, indisoluble asociación entre el voto a favor del los Presupuestos Generales y la petición fiscal de los imputados en el procés. Es cierto que varios de ellos ya han pedido que no se vincule lo uno con lo otro, que los Presupuestos Generales son una cosa y la petición fiscal, otra. Ni caso. Veamos si existe alguna posible explicación ante tan irredenta actitud:
A nadie se le escapa que una huída hacia adelante en el ámbito político a quien más favorece es al huído por excelencia, Carles Puigdemont. Cuanto peor, mejor, pues le permite propagar la idea de que España es una dictadura y él, Mahatma Gandhi. Con el añadido de que su gran rival, Oriol Junqueras, queda fuera de juego. Ocurre que también hay una razones conceptuales sobre el órdago de o absolución, o nada. Cuando en septiembre de 2017 el rodillo independentista del Parlament aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica, o de Desconexión (ver foto), se afirmaba en uno de sus puntos que "lo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasa a ser el Supremo catalán. Su nombramiento corre a cargo del presidente de la Generalitat, a su vez jefe del Estado, y el Fiscal General tiene que ser elegido por el Parlamento catalán pero a propuesta del propio Gobierno. Se contempla, además, que esta nueva Justicia anule los procesos contra quienes "buscaran el pronunciando democrático sobre la independencia de Cataluña". Es decir, el máximo órgano judicial lo nombre el President. Los actuales dirigentes del secesionismo actúan como si dicha ley estuviera en vigor y, por tanto, consideran que las decisiones judiciales deben acatamiento y pleitesía a las decisiones políticas. Tampoco está mal el detalle de que "esta nueva Justicia anule los procesos contra quienes "buscaran el pronunciando democrático sobre la independencia de Cataluña". Es decir, amnistía para los Pujol and friends.
Claro que tienen un problema añadido: tendrán que explicar "al pueblo catalán", a todo el pueblo, el voto en contra de unos Presupuestos Generales que tratan de paliar en alguna medida los recortes de las legislaturas del PP, esos recortes que con tanto afán aplicaron también en Cataluña sus gobernantes autonómicos. Tendrán que explicar que los 6.000 millones mas servirán, entre otras cosas, para consolidar un salario mínimo de 900 euros, mejorar las prestaciones de dependencia, reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, mejorar la educación y la sanidad públicas..., en fin, tonterías que no interesan a nadie porque lo importante es lo que "el pueblo catalán" aprobó en un referéndum ilegal e irregular sobre una abstracción política.
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