Si hay algo que está dejando claro el complejo problema del conflicto de los taxis es la incompetencia de los responsables políticos que, teóricamente, están donde están para solucionar los problemas de la ciudadanía, fomentar la convivencia y procurar en la medida de lo posible su bienestar.
Visto lo visto, está claro que no saben solucionar el problema. En el pasado septiembre, el Gobierno cedió las competencias a las comunidades autónomas y municipios sobre la regulación de vehículos de transporte con conductor. Ahora, algunas de esas comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP, consideran que fue una burda maniobra para quitarse de encima una patata caliente. En todo caso, transferir el problema no es resolverlo.
En un alarde de esfuerzo laboral, tan insólito desde que accedió al poder el actual president, el Govern de la Generalitat ha tratado de resolverlo con un decreto que, de entrada, ha supuesto ya el que las empresas de VTC anuncien un ERE que afectaría a 1.000 trabajadores. No deja de ser curioso que la Generalitat actúa a golpe de manifestación callejera. Tienen tanta tendencia a ocupar las calles y plazas que para ser escuchados, los colectivos damnificados por la política de recortes deciden también ocupar calles y plazas. No hace mucho fueron los médicos y trabajadores de la Sanidad. Ahora, los taxistas. El Parlament, por su parte, sigue inoperante.
Por lo que respecta al fomento de la convivencia, nuestros entrañables políticos parecen considerar que las agresiones físicas, las acusaciones, la manipulación de los datos y la crispación dialéctica forman parte de dicha convivencia y, por tanto, hay que fomentarla. Y a ello se dedican con fervor una buena parte de la clase política. No hay día ni acontecimiento que venga de donde venga no sea utilizado por la derecha para desprestigiar al oponente. Naturalmente, tal cantidad de agravios afecta a la memoria colectiva. ¿Alguien se acuerda ya de lo que se denunció a bombo y platillo sobre Gibraltar y el Brexit?
Ni resuelven los problemas, ni fomentan la convivencia ni procuran mejorar el bienestar de la ciudadanía salvo que consideren que rebajar el impuesto sobre sucesiones y donaciones mejora el bienestar de un selecto grupo ciuadadano. La nueva Junta de Andalucía, por ejemplo, fiel a su compromiso de regeneración democrática con la ayuda de Vox, ha decidido rebajar en un 99% dicho impuesto que afecta, básicamente, a quienes tienen algo que heredar más allá de una fotos familiares. Un dato andaluz: en los tres primeros trimestres de 2018, según datos de la Consejería de Economía y Hacienda, de un total de 239.667 casos de aplicación de dicho impuesto fueron 23.693, es decir, un 10% de los afectados los que tuvieron que pagar dicho impuesto. Con la nueva medida han conseguido un ligero bienestar en unos veintitantos mil ciudadanos. Nadie dijo que la regeneración fuera fácil.
¿Y la izquierda? Bueno, en su caso, sí es diferente: las patatas calientes se las ceden entre ellos mismos. De lujo.