Dada la recesión que afecta a Estados Unidos por tercer año, la recuperación económica y la creación de empleo podrían considerarse como prioridades obvias para la clase política. Sin embargo, la reforma del sistema de inmigración es ahora la sorprendente y costosa prioridad de varios gobiernos locales.
Desde el partido republicano acusan a los demócratas y la Casa Blanca por no haber solucionado el fallido sistema de inmgración. Un fallo que les obliga a regular por su cuenta. Cualquier legislación estatal deberá caminar la delgada línea entre las competencias del estado y las del gobierno federal. Según la Constitución, solo éste puede legislar en materia de inmigración -condición por la que la ley de Arizona está en los tribunales.
Presentación de la propuesta para modificar la 14ª Enmienda a la Constitución en Washington
Lejos de trazar grandes leyes, diversos estados han puesto por delante de la economía nuevas normas que van desde la ya conocida modificación de la 14ª Enmienda de la Constitución hasta la obligación de mostrar documentos de identidad con fotografía para poder votar. Las medidas suponen en algunos casos un coste importante para el estado, perjudicando la recuperación económica.
En Texas, por ejemplo, el gobernador ha dotado de carácter de urgencia a la votación de una ley estatal que obligaría a todos los votantes a mostrar una identificación con fotografía. Hay otras 10 propuestas similares en todo el país pero, en el caso de Texas, la legislación podría ser sometida a voto con la misma urgencia que una petición para limitar el presupuesto.
Para la oposición demócrata, según informa el diario local, el gobernador ha perdido el sentido de lo que verdaderamente preocupa a las familias de Texas. Pero el partido demócrata también cuenta con propuestas que añaden dificultades económicas a los estados. Como detallaron los republicanos a principios de enero, la representante demócrata de Texas Sheila Jackson defiende una medida para añadir agentes de seguridad a la frontera con México. Aunque la representante Marsha Blackburn, de Tennessee va un paso más allá con su propuesta para construir 20 prisiones federales que alojen a inmigrantes indocumentados.
Las diferentes medidas tendrían un coste económico importante para los estados. El Pew Hispanic Center estima que la ley de inmgiración de Kentucky, una copia de la de Arizona, costará 40 millones de dólares. La medida acaba de ser aprobada por el Senado estatal y serviría para detener a un tercio de los hombres y un cuarto de las mujeres indocumentados. En total, se estima que hay 50.000 inmigrantes ilegales en Kentucky. Según el Foro Nacional de Inmigración, la situación es similar en el estado de Illinois, con un déficit de 15.000 millones de dólares.
El coste de una ley como la de Arizona está compuesto por los pagos de trámites legales, mantenimiento y gestión de prisiones así como servicios sociales para menores una vez son detenidos sus familiares. El Foro argumenta además que la economía de Illinois perdería 25.000 millones de dólares si fueran deportados todos los inmigrantes indocumentados, dado que son una pieza clave de la economía.
Las diferentes leyes de inmigración y programas estatales controlados por la Agencia de Inmigración y Aduanas, (Immigration and Customs Enforcement, ICE) tienen un presupuesto de 1.770 millones de dólares anuales, financiado con impuestos. La economía es uno de los argumentos empleados para impulsar la reforma migratoria. De momento, no ha sido suficiente para impulsarla a nivel nacional. Pero tampoco detiene a aquellos legisladores que quieren demostrar su fuerza con drásticas medidas de inmigración.
Hay 1 Comentarios
con la crisis que sufrió la economia mundial hace poco debido a la crisis de las inmobiliarias, se comprobó cuan frágil puede ser el sector de la finca raíz. Atención
Publicado por: economia | 25/01/2011 19:13:19