La gobernadora de Arizona, Jan Brewer anunció hoy que recurrirá al Tribunal Supremo la decisión de la juez federal que suspendió la ley de inmigración estatal SB1070. Es el último paso dado por la gobernadora para lograr la aplicación completa de la ley que reabrió el debate sobre inmigración en Estados Unidos el año pasado. Según los expertos, la decisión tiene como objetivo acelerar el proceso legal en el que se encuentra atascada la ley.
La gobernadora Jan Brewer de Arizona. Foto: Arizona HOSA en Flickr.
"Siempre supimos que esta serÍa una lucha legal muy larga", reconocía Brewer esta tarde en Phoenix, Arizona. "Estoy convencida que al final el estado de Arizona prevalecerá". Su objetivo es que el Tribunal Supremo anule la decisión de la juez federal que el pasado mes de abril mantuvo la suspensión de ciertas clausulas de la ley SB 1070, impidiendo que entrara en vigor en su totalidad.
El anuncio llega además apenas 24 horas antes de que el presidente Obama dé un importante discurso a favor de una reforma completa del sistema de inmigración en El Paso, en la frontera entre Texas y México.
La pugna entre Brewer y el gobierno de Obama, que denunció la ley SB1070 ante los tribunales hace un año, logrando que se detuviera la aplicación de las cláusulas más polémicas, es la pugna entre dos propuestas para solucionar el fallido sistema migratorio estadounidense. Por un lado, la gobernadora republicana defiende que la falta de iniciativa tanto del congreso como de la administración en los últimos años ha reducido la seguridad en la frontera e incrementado la inmigración ilegal. Brewer y su partido defienden que los estados deberían poder legislar por su cuenta para resolver este problema.
"Durante décadas, el gobierno federal ha renunciado a su deber constitucional de garantizar la seguridad en la frontera. Precisamente por esa negligencia Arizona se vio obligada a actuar para proteger a sus ciudadanos a través de la ley SB 1070", alegó Brewer.
La administración defiende todo lo contrario: la Constitución norteamericana dice que sólo el Congreso puede legislar en materia de inmigración y que cualquier iniciativa estatal es ilegal.
Basándose en ese principio, la administración denunció el pasado mes de julio seis apartados de la ley. (El resto entraron en vigor el día 29 de ese mismo mes). Los jueces dieron la razón al Departamento de Justicia alegando, como el gobierno de Obama, que la creación de "parches", leyes de inmigración estatales, sólo sería un obstáculo para el esfuerzo a nivel nacional.
Brewer contraatacó con una nueva denuncia contra el gobierno federal. El pasado mes de abril, la corte de apelaciones volvió a ponerse en su contra y defendió que el bloqueo de las cláusulas de la ley que, entre otras cosas, otorgan competencias a los agentes de policía para comprobar el estatus migratorio de "cualquier persona sospechosa de ser ilegal".
La gobernadora tenía entonces dos opciones: apelar de nuevo ante este juzgado o llevar el caso ante el Tribunal Supremo. "Tenemos más posibilidades de que todas las cuestiones legales en torno a SB 1070 queden resueltas mucho más rápido [en el Tribunal Supremo] para que la ley pueda empezar a cumplir su cometido", explicó Brewer. El estado tiene hasta el próximo 11 de julio para completar la apelación.
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