Un ciudadano y una residente legal, madre de tres niños con nacionalidad estadounidense han interpuesto una demanda contra el gobierno de Obama. La denuncia llega gracias a que los afectados son residentes legales, pero podría afectar a cientos de personas detenidas en centros penitenciarios mientras esperan su deportación.
Manifestación en contra de las deportaciones en Washington DC. Foto: C.F. Pereda
José Jiménez Moreno y María José López alegan que la práctica de pedir a la policía local que detenga a inmigrantes incluso cuando no hay evidencia de que carezcan de permiso de residencia es inconstitucional. Moreno y López cuentan con el apoyo de una organización pro inmigrante de Chicago y han presentado su demanda colectiva en un tribunal federal contra el Departamento de Seguridad Nacional. A partir de ahora se les podrían unir más ciudadanos afectados.
El Centro Nacional de Justicia Migratoria (NIJC, por sus siglas en inglés) defiende junto a los demandantes que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) detiene de manera ilegal a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. La denuncia se centra en todas aquellas detenciones producidas por leyes de inmigración locales y programas como el 287 (g) y Comunidades Seguras. Estos programas, diseñados a nivel local y adoptados por los estados de manera independiente, otorgan a las fuerzas de seguridad determinadas competencias que corresponden a los agentes de inmigración. Esto les permite retener a los individuos sospechosos de carecer de permiso para residir en Estados Unidos, mientras las autoridades de inmigración investigan su estatus legal.
Eso es lo que ocurrió a los dos denunciantes que ahora se querellan contra el Departamento de Seguridad Nacional. Moreno, un ciudadano de Illinois y que no puede ser deportado, está retenido sin que las autoridades haya contactado con él aún, según NIJC. López es la otra demandante, una residente legal que detenida en Florida desde el 1 de febrero y madre de tres niños con ciudadanía estadounidense.
Cuando se produce una infracción de tráfico, por ejemplo, en alguno de los condados que han implementado estos programas, los agentes pueden compartir datos del infractor con las autoridades de inmigración. En el caso de que descubran que no tiene permiso para residir en Estados Unidos, la persona puede entrar en el proceso para ser deportada inmediatamente. Además, queda detenida gracias a que este tipo de normativas estatales permiten a la policía mantener al sospechoso en custodia hasta que lleguen los agentes de inmigración, a veces por tiempo indefinido. El NIJC defiende que estas detenciones son inconstitucionales y apoya la denuncia.
Esta situación se produce en Estados Unidos desde que el gobierno aprobara el reglamento de Comunidades Seguras, cuyo objetivo es la deportación de personas que residen de manera ilegal en el país y que cuentan con antecedentes criminales. El programa, al que los estados podían acogerse de manera voluntaria hasta el pasado mes de octubre, ha conseguido cifras récord de deportaciones de inmigrantes que no han cometido delito alguno, aunque unos 70.000 deportados sí tenían historial criminal, entre un total de un millón.
También ha despertado una gran sensación de inseguridad entre ellos, haciendo que muchos no denuncien delitos ni agresiones contra ellos por miedo a ser deportados. A pesar de que estas consecuencias negativas en muchas comunidades han empujado a decenas de grupos a rechazar el programa, el DNS no ha dudado en obligar a todos los estados a cumplir con la normativa de Comunidades Seguras a partir de 2013.
“Las reglas del Departamento de Seguridad Nacional anulan el derecho a un juicio justo de miles de hombres y mujeres. Este sistema perjudica a ciudadanos norteamericanos, a residentes legales, familias, comunidades y traiciona los ideales estadounidenses de equilibrio y justicia”, declaró Mary Meg McCarthy, directora del NIJC. En la denuncia argumentan que el Departamento está violando las Enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución porque no se establece la causa de la detención antes de retener al individuo, no informa a los detenidos y no les permite defenderse durante la detención por tiempo indefinido hasta que se procesa su deportación.
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Publicado por: Mayte | 16/08/2011 9:38:56
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Publicado por: Sandra | 16/08/2011 2:24:46