"La inmigración está directamente relacionada con los derechos civiles"

"El primer latino en la Comisión de Derechos Civiles, elegido por el primer presidente afroamericano de Estados Unidos". Así se presenta Martin Castro, nombrado por Obama el pasado mes de enero. Se dice orgulloso de haber roto barreras en su familia como obtener la primera titulación de educación secundaria para después acceder a la universidad y convertirse también en el primer abogado entre los Castro.

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Martin Castro, presidente de la Comisión
de Derechos Civiles.

Yo sí que estoy viviendo el sueño americano", comenta Castro, hijo y nieto de inmigrantes Mexicanos. "Vinieron a Estados Unidos con los bolsillos vacíos y sin hablar una palabra de inglés. Solo traían la promesa de un futuro mejor. El nuevo director quiere que su trabajo garantice ese mismo sueño a todos los estadounidenses, independientemente de su lugar de origen, situación económica, la religión que profesen o su raza.

No es tarea fácil. Hasta el año 2004, en Estados Unidos se producían cada año 7.500 crímenes motivados por el odio. Uno a cada hora, todas las horas del día, todos los días del año, según el FBI. A partir de entonces, los ataques dirigidos contra minorías e inmigrantes han aumentado progresivamente. El sueño americano sufre también la amenaza de las desigualdades económicas, problemas medioambientales o la falta de oportunidades en determinados grupos de población. 

“Para muchos, la elección de Obama parecía cerrar el libro de la larga historia de desigualdades en Estados Unidos. Pero la avalancha de ataques desde entonces deja muy claro que la victoria final sobre los prejuicios y la violencia racista sigue muy lejos”, declaraba un informe de la Conferencia del Liderazgo por los Derechos Civiles.  

Entre estos ataques llaman la atención los dirigidos contra personas de orígen hispano, independientemente de su estatus migratorio. "Estoy convencido de que hay una relación entre estas cuestiones", dice Castro. "La inmigración está directamente relacionada con los derechos civiles desde el momento en que leyes estatales [como en Arizona o Alabama] discriminan a ciudadanos por su raza y tienen un impacto negativo en la seguridad y en el resto de la población", afirma el director. "Hay ciudadanos norteamericanos directamente afectados también".

El 92 por ciento de los jóvenes latinos tienen la nacionalidad de EEUU. La discriminación, afirma Castro, no sólo afecta a indocumentados. "Como líder hispano quiero ver que los jóvenes avanzan. Somos una comunidad de trabajadores, muy vibrante, y estoy seguro de que superaremos cualquier desafío que afronte la comunidad".

Castro apoya la reforma del sistema de inmigración y el Dream Act, convencido de que la educación cumple un papel esencial en la calidad de vida que disfrutarán después los hispanos. "Existen violaciones de derechos civiles relacionadas con cómo financiamos el sistema educativo y la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes". Leyes de inmigración como la aprobada en Alabama el mes pasado, obligan a colegios y universidades a comprobar que tanto los estudiantes como sus padres tienen permiso de residencia en el país. La ley ha sido denunciada por el gobierno esta misma semana. Diversas organizaciones avisaron que la ley podría dejar a miles de estudiantes norteamericanos con padres indocumentados fuera del sistema educativo.

Sin embargo, no toda la opinión pública coincide en que la reforma de inmigración o las condiciones de vida de los indocumentados en Estados Unidos sea una cuestión de derechos civiles. Según Castro, se debe a la falta de comprensión del problema y el poco conocimiento de la historia del país. "Muchos ciudadanos no han tenido la oportunidad de sentarse a conversar con personas de diferente origen, raza o religión. Pero en cuanto se ponen a conversar entre sí, sus opiniones cambian. Por eso necesitamos garantizar que la educación permite acercar a personas de distinto origen".

Apuesta por la educación

Como presidente Castro ha situado la educación entre una de sus prioridades inmediatas para estos seis años de mandato. Su primera audiencia se centró en el aumento de casos de bullying o ataques contra estudiantes por razones de género, raza u orientación sexual. "Debemos prestar más atención al acceso a la educación como una cuestión de derechos civiles", comenta Castro. "Desde la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes hasta el acceso a titulaciones superiores o la disciplina implantada en los centros educativos. Hay estudios que demuestran que las minorías reciben castigos más fuertes en el colegio que el resto de estudiantes. Esto causa mayor abandono escolar y está también relacionado con su entrada en redes criminales".

"Cuando prestamos atención a nuestra historia, nos damos cuenta de que lo mismo que se dice ahora en contra de los inmigrantes hispanos se dijo antes sobre los asiáticos, los italianos o los irlandeses, hace no tanto tiempo", dice Castro. Por eso la Comisión insiste en la importancia de difundir información entre los más jóvenes, desde detalles de su trabajo hasta la historia del movimiento por los derechos civiles.

La Comisión de Derechos Civiles fue creada en 1957 para responder a los problemas de discriminación y racismo que vivía entonces Estados Unidos. En aquel momento, el presidente Eisenhower estableció que el organismo sería temporal, pero pronto se convirtió en permanente. Con un grupo de ocho miembros -cuatro de ellos elegidos por la Casa Blanca y cuatro por el congreso- examinan desde violaciones del derecho a voto, ataques racistas, discriminación por género, religión, orientación sexual, etc.

"Lo interesante de esta combinación es que miramos los problemas desde perspectivas distintas, nos preocupan, pero por diferentes razones y eso siempre revela información que no tendríamos de otra manera", dice Castro.

El organismo no tiene competencias para redactar legislación ni determinar cómo debe actuar el gobierno, pero sí comparte todos sus estudios e informes con el presidente y con el Congreso, aconsejándoles como actuar en el futuro. La comisión debe pactar todas estas recomendaciones e incluso los temas que va a investigar o el tipo de audiencias que quiere celebrar.

Castro se muestra ambicioso en cuanto a los temas que quiere tratar durante su mandato. Dentro de una semana presentarán las conclusiones de un informe sobre el tráfico de personas, con una mirada especial al aumento de mujeres víctimas de explotación sexual. "Hemos encontrado que el 94 por ciento de las víctimas de estas redes son mujeres, necesitamos saber si son discriminadas específicamente por su género y si debemos tratar el tráfico de personas, tanto de inmigrantes como de ciudadanas estadounidenses, como un caso de discriminación", afirma.

Para el próximo año, en el que se celebrarán las próximas elecciones presidenciales, espera un análisis sobre la violación del derecho a voto. El año pasado se publicaron los últimos datos del Censo de Estados Unidos y los cambios demográficos llevan a hacer alteraciones en el diseño de los distritos electorales. La comisión analiza estas modificaciones especialmente en aquellos estados que cuentan con leyes de voto específicas para determinar aspectos como la identificación que deben mostrar los votantes el día electoral. "Todas esas leyes deben ser aplicadas con aprobación nuestra y los nuevos distritos pueden llevar a violaciones de los derechos del electorado", avisa.

"Me gustaría que la comisión volviera a ser lo que fue un día y que podamos garantizar de verdad que este es un país con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, independientemente de su lugar de origen".