Sonia Sotomayor (Izda.), durante la audiencia. Ilustración: Dana Verkouteren, AP
Los jueces del Tribunal Supremo estadounidense recibieron ayer los testimonios a favor y en contra de la ley de inmigración de Arizona. El Abogado del Estado Donald Verrilli defendió a la Administración Obama, que denunció la legislación al considerar que la Constitución entrega competencias exclusivas en materia de inmigración al Gobierno Federal. En el bando contrario, el abogado Paul Clement defendió los intereses del Estado de Arizona. Sin embargo, muchas de las miradas estaban en uno de los miembros del tribunal, Sonia Sotomayor, la primera hispana en ocupar el cargo.
Sentada en el extremo izquierdo del estrado, Sotomayor se acercó al micrófono cuando Clement apenas había formulado las primeras frases. La segunda y tercera pregunta también fueron pronunciadas por ella. La ley de Arizona, de la que siguen bloqueados cuatro apartados, exige, entre otras cosas, que los ciudadanos del Estado lleven documentación en todo momento para demostrar que tienen permiso de residencia en el país y obliga a la policía a comprobar el estatus migratorio de los arrestados. “Me está diciendo usted que esto solo ocurrirá después de detener a una persona por otro delito”, inquirió inmediatamente Sotomayor. Clement ratificó esta perspectiva, evitando que el debate entrara en detalles sobre la selección, por parte de los agentes de policía, de aquellas personas de las que sospechen que puedan carecer de visado.
“El Estado de Arizona no interfiere de ninguna manera simplemente por entregar a las autoridades federales la información sobre un detenido que además reside de manera ilegal en el país”, argumentó Paul Clement, defendiendo una vez más que Arizona, en realidad, estaría ayudando al Gobierno federal y no obstaculizando su trabajo. “El Estado debe combatir los costes desproporcionados de la inmigración ilegal”.