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Sonia Sotomayor, en el centro de los argumentos sobre la ley de Arizona

Por: | 26 de abril de 2012

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Sonia Sotomayor (Izda.), durante la audiencia. Ilustración: Dana Verkouteren, AP

Los jueces del Tribunal Supremo estadounidense recibieron ayer los testimonios a favor y en contra de la ley de inmigración de Arizona. El Abogado del Estado Donald Verrilli defendió a la Administración Obama, que denunció la legislación al considerar que la Constitución entrega competencias exclusivas en materia de inmigración al Gobierno Federal. En el bando contrario, el abogado Paul Clement defendió los intereses del Estado de Arizona. Sin embargo, muchas de las miradas estaban en uno de los miembros del tribunal, Sonia Sotomayor, la primera hispana en ocupar el cargo.

Sentada en el extremo izquierdo del estrado, Sotomayor se acercó al micrófono cuando Clement apenas había formulado las primeras frases. La segunda y tercera pregunta también fueron pronunciadas por ella. La ley de Arizona, de la que siguen bloqueados cuatro apartados, exige, entre otras cosas, que los ciudadanos del Estado lleven documentación en todo momento para demostrar que tienen permiso de residencia en el país y obliga a la policía a comprobar el estatus migratorio de los arrestados. “Me está diciendo usted que esto solo ocurrirá después de detener a una persona por otro delito”, inquirió inmediatamente Sotomayor. Clement ratificó esta perspectiva, evitando que el debate entrara en detalles sobre la selección, por parte de los agentes de policía, de aquellas personas de las que sospechen que puedan carecer de visado.

“El Estado de Arizona no interfiere de ninguna manera simplemente por entregar a las autoridades federales la información sobre un detenido que además reside de manera ilegal en el país”, argumentó Paul Clement, defendiendo una vez más que Arizona, en realidad, estaría ayudando al Gobierno federal y no obstaculizando su trabajo. “El Estado debe combatir los costes desproporcionados de la inmigración ilegal”.

Efectos prácticos de la ley

“¿Qué información existe en las bases de datos del sistema federal?” preguntó Sotomayor, presionando a Clement para que aclarara cómo pueden determinar los agentes, y con cuanta rapidez, que el detenido no es un ciudadano. “¿Cómo dice la base de datos que una persona es indocumentada? Si hoy introduces los nombres Sonia Sotomayor puede que enseguida averigüe que soy ciudadana, pero pongamos que hablamos de una persona de Grand Rapids, ¿está en una base de datos?” Verrilli, abogado del Gobierno, reconocería más tarde que no existe tal base de datos, por lo que Sotomayor había dado pie a uno de los argumentos centrales de la Administración Obama. “Puede que haya muchas circunstancias en las que haya ciudadanos que no aparezcan en bases de datos”.

Durante los 80 minutos que duraron las presentaciones -20 más de lo previsto-, una mayoría de jueces mostraron más complicidad con la ley de lo que pudo hacer pensar Sotomayor. La juez fue la única que interrogó con similar dureza a ambas partes, enfatizando en repetidas ocasiones su preocupación por la detención de ciudadanos norteamericanos más allá de sus derechos constitucionales.

“Pongamos que arrestan a un ciudadano hispano al que encuentran caminando por la calle en Nuevo México, con una mochila y les hace sospechar que es indocumentado. ¿Cómo puede usted garantizar que no permanecerá detenido más tiempo que si no existiera la legislación? preguntó el juez Stephen Breyer a Clement. “Va a ver un número importante de personas detenidas por un tiempo mayor que antes de la entrada en vigor de la ley”.

“No creo”, respondió Clement. “Aunque ese apartado de la legislación no ha sido aplicado aún y no lo podemos saber con certeza”. El abogado añadiría después que las autoridades tardan una media de 11 minutos en determinar si un detenido tiene permiso de residencia o no -un tiempo disputado después por el abogado del Gobierno- y alegó que la Administración Obama ya sigue el mismo proceso en varios Estados adscritos al programa Comunidades Seguras.

Los jueces más escépticos con el Gobierno de Obama

“¿Y qué pasa después?”, preguntó el juez Samuel Alito, en referencia a los Estados que conceden permisos para conducir -considerados como un documento de identificación en todo el país- a personas sin permiso de residencia. “¿Qué harían las autoridades? ¿Detenerles hasta que determinen que no es una persona ‘deportable’?”. “Sí”, respondió Clement.

El juez jefe John Roberts aclaró después que, desde su perspectiva, la ley simplemente obliga a la policía de Arizona a proporcionar al Gobierno federal los nombres de aquellas personas que residen en el país de manera ilegal. “Las autoridades federales pueden decidir, simplemente, que no quieren deportar a esa persona, por lo que quedaría en libertad, ¿no es así?”, dijo el juez, ayudando a Clement.

“Estamos hablando de conseguir que abandonen el país aquellas personas que ya carecen de derecho a estar aquí”, dijo el juez conservador Antonin Scalia. “Yo no tengo un problema con eso”.

Roberts volvería a postularse del lado de Arizona repitiendo uno de los argumentos que más ha empleado la gobernadora del Estado, Jan Brewer -presente en la sala este miércoles- cuestionando si la Administración Obama no quiere deportar a más indocumentados por falta de recursos o por una cuestión de prioridades políticas. “Da la sensación de que el Gobierno no quiere saber cuántos indocumentados hay en el país”, dijo el juez Roberts.

Otro de los temores de la Adminsitración es, según Verrilli, las consecuencias que puede tener la legislación de Arizona en las relaciones con México, donde son deportados el 60% de los inmigrantes indocumentados. “No podemos dejar que cada Estado regule de manera distinta un asunto que tiene implicaciones para todo el país”, alegó el abogado del Gobierno. “Pero no hay nada en la ley que se refiera a esto, ¿verdad?”, contestó el juez Roberts. Su compañero Scalia fue aún más lejos asegurando que Estados Unidos “no puede dedicarse a aplicar únicamente las leyes que gusten a México”.

Sotomayor volvería a interrumpir a Clement -fue la única en hacerlo- durante su exposición final. Entonces repitió su temor a que se detenga a personas que han solicitado asilo político en el país y que estén protegidos por tratados internacionales, o cuyos datos son ocultados a determinadas autoridades para garantizar su seguridad. Oportunidad que el abogado aprovecharía una vez más para defender que si las personas detenidas no son “deportables”, el Gobierno de Arizona no les iba a expulsar.

A pesar del protagonismo de la juez en contra de la ley, una mayoría de jueces pusieron en duda la denuncia de la Administración Obama. Los jueces conservadores Roberts, Scalia y Clarence Thomas podrían votar a favor de la ley. El escepticismo de Alito hizo pensar que se uniría a ellos. Y, dada la recusación de la juez Elena Kagan, fiscal de Arizona en el momento de aprobarse la ley, los cuatro jueces más progresistas quedarían a falta de un voto para la mayoría. En el caso de empate, prevalecerá la decisión de la instancia judicial inmediatamente inferior.

Hay 6 Comentarios

Vayan a la PROFECO
“El Bajío” es un restaurante de la Ciudad de los Palacios donde desayunas al clásico estilo mexicano, empiezas con un chocolate o atole de guayaba y así, poco a poco te sigues deleitando; de pronto, un comensal decía a su compadre: “¿a ti te encuestaron, porque a mí no?”; vean, vean:
 Recordé que diversos diarios nacionales informaron: “El candidato presidencial de la izquierda, se acerca al puntero en las encuestas, el priista Enrique Peña...”.
 También, que el candidato de la izquierda, consideró que hay un error en la última encuesta de intención de voto entre candidatos a la presidencia, que le reconoce una mayor ventaja al puntero de la contienda, el priista Enrique Peña. “Yo creo que no está bien hecha la encuesta”, dijo en el Aeropuerto de la Ciudad de México, lugar de mucho ruido por las balas buenas y las balas malas.
 Además, Zambrano afirmó que: … en los estados en los que Andrés López va ganando conforman el 50 por ciento del listado electoral, por lo que “podemos decir que claramente hay una tendencia que nos ubica en un claro escenario de triunfo electoral”, se oyó el primero de julio de 2012 antes de las ocho de la noche, hora de la “capirucha”.
 Por otro lado leí, “el coordinador de la campaña del tabasqueño presentará „pruebas científicas‟ que demuestren que este tipo de encuestas indujeron votos”. Y si todo ello fue cierto ¿por qué no indujeron a votar por Andrés López si en las encuestas él iba repuntando?
 “Se utilizaron para confundir a la opinión pública y para inducir al voto. No se pudieron justificar las diferencias –entre Enrique Peña y Andrés López–. Ninguna de estas encuestas que fueron difundidas ampliamente por los medios de comunicación en este país resultó acertada”, dijo un tal Cárdenas.
¿Alguna casa encuestadora les dijo que iban a ganar?, si es así, entonces no se quejen ante el IFE, vayan a la Procuraduría Federal del Consumidor porque su misión es: “Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.
A garantizar “la fotografía del momento”, o las predicciones ¿o no compadre?, ¡pos claro!; después del último trago de chocolate llegó la voz de aquella guapa que provocadoramente dijo: “cuando somos buenas nadie nos recuerda, cuando somos malas nadie nos olvida”.

lo veo bien, que los ciudadanos lleven sus documentos por donde vayan, pero vamos a ver, la idea de llevarlos es por seguridad o por saber quien son los documentados y indocumentados.

Creo por el echo de pasar ciertos tipos de crímenes, pasa en todo el mundo, lo único que ellos han querido es aprovechar esta atrocidad, para culpar a los inmigrantes.

Los esfuerzos por controlar la inmigración ilegal deben estar concentrados en la frontera, para evitar el continuo paso de inmigracón ilegal, ademas de tener control de datos actualizados para obtener antecedentes legales, y no estar deteniendo a residentes, o ciudadanos americanos que no han cometido actividades criminales. Los mienbros deben hacer una evalucion de las leyes anti inmigrantes y en realidad tomar acción inmediata en donde realmente se requiere fortalecimiento.

la gente seguirá buscándose la vida a pesar de las leyes anacrónicas...

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