Joaquín Garralda - Decano de Ordenación Académica y Profesor de Dirección Estratégica de IE Business School
En principio, el tema de la corrupción de funcionarios para conseguir operaciones empresariales, tiene una mayor o menor repulsa social en un país dependiendo de su difusión en las prácticas locales usuales. La pregunta que nos hacemos ante el escándalo de los sobornos realizados en México por la compañía Wal-Mart es: ¿qué tipo de repercusión puede tener esta noticia en el entorno social de Estados Unidos, donde se supone que el soborno tiene una fuerte repulsa en la opinión pública?
Según una reciente investigación del periódico New York Times publicada el 21 de abril, la alta dirección de Wal-Mart decidió silenciar las conclusiones de un informe interno, en el que se mantenía que – con una razonable seguridad - se habían producido sistemáticamente actividades de soborno en México para lograr licencias de apertura de establecimientos. A esta ocultación de los hechos, se añadió el sarcasmo de que fuese ascendido en la compañía el principal arquitecto de las operaciones que permitieron crecer a Wal-Mart vigorosamente en México.
Una de las claves del negocio de Wal-Mart es mantener un fuerte crecimiento en el número de locales que abre al público. Esto le permite: crecer en el poder de compra para presionar más a sus proveedores, financiarse favorablemente con un activo circulante negativo y mantener un buen crecimiento de su valor en bolsa.
En algunos países existe la práctica extendida de los “pagos facilitadores” – pagos de poco valor que se hacen a un empleado público de rango inferior, por hacer diligentemente el trabajo que en principio está obligado a hacer. En este sentido, la normativa contra la corrupción en Estados Unidos (Foreign Corruption Practices Act, FCPA) es permisiva ante estos pagos, mientras que para la Brivery Act 2010 del Reino Unido no son aceptables. Cuando la cantidad es mayor y el funcionario implicado es de mayor rango, como presumiblemente ocurre en este caso, en ambas normativas es un asunto de corrupción.
Para muchos escépticos, el resultado de este “incidente” consistirá en un posible acuerdo de la compañía con la fiscalía, por el que Wal-Mart pagará una multa bajo el principio de “ni niega ni reconoce haber actuado mal” (que le exonera de otras demandas derivadas), a lo que se añadirán algunas manifestaciones reducidas de personas con ingeniosas pancartas diseñadas a mano.

Mirando la cotización de su acción, no parece que a día de hoy – 8 de mayo - haya habido un descenso relevante por la noticia teniendo en cuenta la volatilidad general del mercado.
En este mismo sentido el “sabio de Omaha”, Warren Buffett ha dicho en su intervención anual del 5 de mayo contestando a una pregunta sobre este tema: “Puede resultar en una multa significativa, pero eso no cambia la dinámica fundamental de la compañía”, a lo que añadió, “no creo que dentro de 5 años la compañía se vea afectada materialmente por este escándalo, aunque sí vaya a ser una gran desviación del tiempo de sus directivos”.
¿Hay alguna esperanza de que este hecho delictivo no vaya a quedarse sin una justa pena a ojos de la sociedad?
Otra noticia del New York Times del pasado 30 de abril, sí da indicios de que las cosas están cambiando. Los Fondos de Pensiones de empleados públicos de la ciudad de Nueva York - que poseen en total 4,7 millones de acciones de la compañía - han expresado a la empresa que van a votar en su próxima Junta General de Accionistas del 1 de junio en contra de la reelección de cinco miembros del Consejo de Administración, entre los que se encuentran el CEO actual, Michael Duke y Lee Scott Jr. el CEO cuando estos acontecimientos tuvieron lugar.
Sin embargo, no es fácil que en la votación de la Junta obtengan la mayoría necesaria para que no sean reelegidos.
Por otro lado, uno de los Fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos - California State Teachers' Retirement System - que tiene más de 5,3 millones de acciones de Wal-Mart, ha planteado una demanda contra la actual dirección por su falta de responsabilidad en la gestión de los sobornos en México. El mecanismo legal que ha utilizado es indirecto y tiene difícil valoración de su efecto.
Por tanto, a pesar de estos indicios ¿al final van a tener razón los escépticos?
Además de un riesgo reputacional siempre difícil de medir, hay otro aspecto relevante.
Obsérvese en la fotografía las pancartas impresas. Nos dan la pista de un movimiento más sólido.
Oponerse a que Wal-Mart crezca en la ciudad de Nueva York, ataca a una de sus claves competitivas. Si en México las gestiones para “facilitar” las licencias de apertura de tiendas fueron eficaces, no parece que les vaya a ser tan fácil en unas ciudades de Estados Unidos, que ya están sensibles en contra de la entrada de Wal-Mart por su efecto en la desaparición de las tiendas familiares.
El peso de unos ciudadanos enfadados por las prácticas de soborno y el de unos inversores temerosos ante un freno al crecimiento, quizá pueden ser demasiado insoportables hasta para un Wal-Mart. Veremos el desenlace el 1 de junio.
Especialista en Estrategia, el profesor Joaquín Garralda se ha orientado en los últimos años hacia el área de la Responsabilidad Social Corporativa. En la actualidad es el Secretario de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact); es miembro del Consejo Estatal de RSE; es Presidente de la Comisión Ética del Fondo Ético de MicroBank y participa en los comités de dirección de EBEN España y Spainsif, asociaciones relacionadas con el tema de RSC.