La investigación del episodio de corrupción más grave y vergonzante de la historia autonómica de Andalucía, el caso de los ERE fraudulentos, está llegando a un momento decisivo. El ultimo atestado de la Guardia Civil no aporta excesivas novedades sobre el indiscutible desahogo con que se repartió dinero público en la Consejería de Empleo a lo largo de casi una década (los intrusos, las abusivas comisiones de los intermediarios o el nepotismo en las ayudas directas a empresas), pero sí contiene conjeturas que van a marcar el futuro del caso y van a obligar a afinar sus pasos a los dos principales protagonistas: la juez Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía.
La Guardia Civil presupone que todo el Consejo de Gobierno de la Junta, especialmente su presidente y anterior consejero de Economía, José Antonio Griñán, conocía el procedimiento con el que daban las ayudas. Los investigadores se cuidan mucho de tildar de ilegal el procedimiento, pero sí subrayan que este sistema (las transferencias de financiación) se puso en marcha para sortear los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía.
Este asunto es el núcleo del caso, por encima de las tropelías detectadas en Empleo. El Gobierno andaluz parece haber comprendido con demasiado retraso que el objetivo de Alaya es Griñán (y por añadidura todo el Gobierno andaluz), de ahí que en los próximos días tendrá que virar su errática estrategia política y jurídica (¿ha habido estrategia jurídica de la Junta?) en el caso.
Pensando que toda la cochambre que se iba conociendo pertenecía a la etapa de Manuel Chaves y que su equipo estaba libre de polvo y paja, el Gobierno de Griñán no ha defendido ante el juzgado de Alaya la legalidad del fondo de los ERE ni el procedimiento con el que se daban las ayudas.
La idea de Alaya de que todo el fondo es ilegal supondría la implicación en el fraude no solo del Gobierno, sino que exigiría la connivencia de los más altos funcionarios de la Junta de Andalucía (empezando por los servicios jurídicos y la Intervención General, sobre los que la juez ya ha extendido la sospecha) y, llevado al extremo, del Parlamento autónomo, que debatía la partida del fondo de la ERE cuando se aprobaba cada año la ley de Presupuestos de la comunidad. La respuesta de la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, al atestado de la Guardia Civil (ha hablado de causa general e inquisitorial) apunta a que el Gobierno de Griñán va a modificar los planteamientos políticos y jurídicos ante esta parte de la investigación que no ha sabido valorar suficientemente y que, sin embargo, puede ser el principal factor de inestabilidad política de la actual legislatura.
Por su parte, la juez Alaya puede volver a jugar con fuego en una causa ya repleta de pasajes llamativos: su juego del gato y el ratón con las diligencias que pide el fiscal, sus voces y reconvenciones a algunos acusados (en los anales quedará la exigencia a Antonio Fernández de que asumiese su responsabilidad en el caso, olvidando los derechos del imputado) o sus peculiares argumentaciones.
En esta etapa, Alaya tendrá que sopesar hasta cuándo podrá seguir reteniendo una causa que va a acabar, indefectiblemente, en el Tribunal Supremo. Es cierto que el juez instructor marca los tiempos de la investigación, pero también lo es que cuando hay indicios sólidos contra un aforado no se puede retrasar excesivamente el envío de la causa al alto tribunal. Y a nadie se le oculta que Alaya está investigando al diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera desde hace tiempo y que también está haciendo pesquisas sobre la gestión de Griñán en la Consejería de Economía. Alaya podrá aguantar un tiempo más la causa, pero no tanto como quisiera.
Hay 3 Comentarios
¿Cuando El País dejará de aplicar la Ley del Embudo? Este artículo ni siquiera se plantea el enorme fraude, sólo que la jueza va a por los socialistas. Y lo mismo la portada. Ya se sabe, 12.900 euros en viajes merecen una portada frente a 85.000.000 de malversación y trinque entre afiliados y familiares. Menuda basura.
Publicado por: Nauplia | 06/06/2012 13:45:47
Decir que la Juez va a por los socialistas es como decir que el caso de los EREs falsos no existió, que no hay pruebas, que todo es fruto de la imaginación, que por tanto, la Juez miente a sabiendas...
Publicado por: navegador | 05/06/2012 14:19:46
Todo el artículo parte de la idea de que la juez va a por los socialistas. Lamentable. El mismo tipo de argumento de los populares valencianos: vienen a por nosotros.
Pues no: tanto populares como socialistas, quien la haya hecho que la pague.
Los ciudadanos ya estamos hartos de que cada periódico, cada partido, tape las corrupciones de los suyos. ¿No les basta con saber que los mismos que otorgaban ayudas aparecen como receptores de las mismas en empresas en las que jamás habían trabajado?
¡Qué vergüenza!
Publicado por: igor-ae | 04/06/2012 19:10:56