Luis Barbero (Madrid, 1970) es licenciado en Ciencias Políticas y periodista. Desde 1995 trabaja en la delegación de EL PAÍS en Andalucía. Desde 2008 es el delegado en esta comunidad
Una mirada de lo que ocurre en España (y si se tercia un poco más allá) alejada de Madrid, epicentro de casi todo, pero no de todo. Punto de partida: el sur.
El tijeretazo que van a sufrir las nóminas de los 260.000 trabajadores públicos de la Junta de Andalucía es la primera prueba de resistencia seria que está afrontando el Gobierno de coalición PSOE-IU, que acumula ya 50 días de gestión. Todos los sindicatos, sin excepción, se han plantado ante el Ejecutivo de José Antonio Griñán, que arranca la legislatura con un nuevo conflicto con los empleados autonómicos.
Susana Díaz, consejera de la Presidencia y número dos del PSOE andaluz, considera que no hay motivos para que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, comparezca ante la comisión de investigación que el Parlamento autónomo va a aprobar para investigar el caso de los ERE fraudulentos. Si esta comparecencia no se produce sería un nuevo error del Gobierno andaluz y del PSOE en la gestión del bochornoso caso de corrupción.
La investigación del episodio de corrupción más grave y vergonzante de la historia autonómica de Andalucía, el caso de los ERE fraudulentos, está llegando a un momento decisivo. El ultimo atestado de la Guardia Civil no aporta excesivas novedades sobre el indiscutible desahogo con que se repartió dinero público en la Consejería de Empleo a lo largo de casi una década (los intrusos, las abusivas comisiones de los intermediarios o el nepotismo en las ayudas directas a empresas), pero sí contiene conjeturas que van a marcar el futuro del caso y van a obligar a afinar sus pasos a los dos principales protagonistas: la juez Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía.
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