Sobre el autor

(Guadix, 1963).
Periodista y licenciado en Derecho.
Subjefe de sección de Nacional.
Premio Ortega y Gasset de
Periodismo 2010 por el caso Gürtel;
Premio de Periodismo El Defensor
de Granada, Premio Nacional
de periodismo Antonio Mompeón
Motos; Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina y premio
de periodismo jurídico del Colegio
de Abogados de Madrid.

Sobre el blog

Este blog pretende ser un hueco de debate e información sobre temas con olor a toga y otros aromas adyacentes. Está abierto a cuantos deseen aportar una visión sobre temas de actualidad del mundo judicial, y sus intrahistorias. Lo anecdótico y llamativo también tendrá su espacio en esta web. Sólo se excluye la falta de respeto.

Eskup

Archivo

marzo 2014

Lun. Mar. Mie. Jue. Vie. Sáb. Dom.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Losantos7051189

Jiménez Losantos (a la derecha), durante otro juicio en un juzgado de Madrid.

 

 

El Juzgado de lo Penal 26 de Madrid ha aplazado por cuarta vez el juicio del excomisario del distrito de Puente de Vallecas y exjefe de la Brigada de Información de Madrid, Rodolfo Ruiz, por delitos de injurias y calumnias contra Federico Jiménez Losantos, director del programa radiofónico Es la Mañana, de la cadena es Radio. Para esta nueva suspensión de la vista oral, el abogado de Losantos ha alegado ante el juez que necesita “más tiempo para reunir los documentos” con los que defender a su cliente, según explicó ayer Rodolfo Ruiz, visiblemente “indignado”.  "¿Pero qué documentos va a reunir? Interpuse la querella hace cuatro años, “¿es que no ha tenido tiempo de reunirlos desde entonces?”, se lamentó.

Losantos, en el marco de la llamada teoría conspirativa del 11-M, acusó al excomisario de Vallecas de hacer colaborado “con una masacre criminal” y de haber inundado de “pruebas falsas el sumario del 11-M”.  El despacho de abogados Fuster-Fabra&Ponte, que representa al excomisario, le imputa delitos continuados de injurias y calumnias y demanda para Losantos una pena de dos años de cárcel y el pago de una multa diaria de 500 euros durante 42 meses. La Fiscalía también presentó acusación por calumnias contra el entonces periodista de la Cope. Las imputaciones se remontan a 2006, cuando Losantos era director del programa La mañana de la Cope. 

El excomisario estaba ayer muy enfadado “con la permisividad de la justicia frente a las tácticas dilatorias” de Losantos. “Es la cuarta vez que logra aplazar el juicio; yo no vivo en Madrid y cada vez que me citan para la vista y luego la suspenden me cuesta dinero”, subrayó. El juicio de Rodolfo Ruiz contra Losantos está siendo una odisea. Tras “una larguísima instrucción”, el caso fue derivado, para juicio, al Juzgado de lo Penal 26 de Madrid.

Ruiz explica: “El primer señalamiento fue hace más de un año, pero logró suspenderlo a última hora alegando que estaba enfermo y no podía asistir. Entonces, presentó un certificado que le hizo un médico amigo suyo, al que luego prologó un libro", indica Ruiz, y añade: "Volvió a señalarse el juicio al cabo de varios meses. En esa segunda sí acudió, pero alegó que los delitos habían prescrito, y el juez le dio la razón. Entonces recurrimos ante la Audiencia Provincial, que ordenó que se celebrase el juicio al entender que no existía tal prescripción”. 

Ruiz añade que el Juzgado 26 volvió, pues, a señalar el juicio para el pasado 5 de marzo, pero también fue suspendido por incomparecencia de Losantos. Agrega Ruiz que ese día el juez fijó el juicio para el  día 26 de marzo, "pero me acaba de decir mi abogado que han vuelto a aplazarlo hasta el 26 de junio".  “Esta vez, según le han dicho a mis abogados en el juzgado, es porque ha pedido más tiempo para reunir documentos de defensa. Esto es una indignante tomadura de pelo", subraya Ruiz, "puesto que ha tenido muchos años para hacerlo, y lo peor es que la justicia le consiente sus maniobras. Pero se equivoca Losantos si cree que me voy a aburrir, voy a mantener la querella y la exigencia del juicio hasta que me quede la última gota de sangre”, apostilla.  

Otras de las expresiones vertidas en el programa de Losantos que dieron lugar al juicio ahora nuevamente suspendido son las siguientes: "(...) El escándalo de la compra del comisario Ruiz, Rodolfo Ruiz. En el caso de Ruiz, estamos, insisto”, dijo Losantos, “en una evidente compra de voluntades. Este es una manzana podrida, podrida, putrefacta. Lo más importante es comprar el silencio de este agradable Rodolfo. Hombre, porque están comprando su silencio por la mochila, que no era mochila de Vallecas, bomba que no era bomba, que su única función era llevar a la trama islamista". Ruiz reiteró ayer que la “absurda teoría conspiranóica nos destruyo a mi y a mi familia” y acusa a Losantos de ser uno de los causantes de los “irreparables daños” que ha sufrido “mi familia” por esta “sartá de injurias y calumnias”.

Los abogados de Ruiz sostienen en su escrito de acusación: “Desde aproximadamente el mes de marzo de 2006, el acusado, desde el programa que dirigía en la COPE, ha pretendido intoxicar a la opinión pública con las más peregrinas teorías sobre la autoría de los atentados [del 11M]. Se ha llegado a afirmar que los hechos han sido cometidos, o al menos dirigidos, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en connivencia con ETA y grupo islamistas. Uno de los puntales de tales teorías (llamadas conspiranóicas) ha sido la bolsa de deportes proveniente de los efectos personales de los fallecidos en la estación de El Pozo, bolsa de deportes que se localizó en la comisaría de Puente de Vallecas. En el programa de Las mañanas de la COPE, que dirigía el acusado, de forma continuada e incesante, se ha acusado a D. Rodolfo Ruiz Martínez de haber fabricado o permitido que fabricasen pruebas falsas destinadas a orientar las investigaciones del Sumario del 11-M hacia la pista islamista, preparando la mochila de Vallecas para engañar al juez instructor".

No prosperan los vetos a Dorado y Bravo

Por: José A. Hernández | 22 mar 2012

El pleno del Consejo del Poder Judicial ha debatido hoy los nombramientos de los vocales Antonio Dorado y Grabiela Bravo como miembros de la comisión de expertos designada por el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los escritos llegados al pleno de vocales como José Manuel Gómez Benítez que entendían incompatible que Dorado y Bravo formen parte de esa comisión no han prosperado. Entre otras cosas, los opositores  basaban la incompatibilidad de ambos vocales en que cualquier reforma legal que plantee el Ejecutivo luego debe ser informada por el Consejo del Poder Judicial. El debate ha sido intenso y, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el veto ha quedado en agua de borrajas. A esta hora el pleno sigue reunido.

 

 

El Consejo del Poder Judicial ha decidido a última hora aparcar los nombramientos para cubrir las vacantes de la Sala de lo Civil y la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Tenían previsto nombrar para la Sala de lo Civil al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, "amigo" del vocal conservador Miguel Collado. También tenían pactado designar, para una de las vacantes de la Sala Tercera del Supremo, a Eduardo Menéndez, jefe del gabinete del presidente del Consejo Carlos Dívar. Ese era el pacto y así lo comentaron a quien suscribe diferentes vocales de los sectores conservador y progresista del Poder Judicial. Al final, en el pleno de ayer solo cubrieron una de las dos vacantes de la Sala Tercera, nombrando para ella a Wenceslao Olea, expresidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de extremadura.  "Algunos vocales han debido ruborizarse y optado por no apoyar ni a Concepción ni a Menéndez, evitando conformar la mayoría cualificada de 13 votos necesaria para que salgan adelante tales nombramientos. Pero hay que estar aletar a lo que ocurra en los próximos meses con estos dos nombres", señalan fuentes del Poder Judicial.

Los nombramientos de altos cargos que sí ha hecho hoy el Consejo son los siguientes:

 

  • Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo: Wenceslao Olea Godoy, actualmente destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, quien ha obtenido 13 votos.
  • Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: Ignacio Espinosa Casares, quien ha sido relegido para el cargo al haber obtenido 13 votos en cuarta votación.
  • Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid): Gabriel Coullaut Ariño, quien ha obtenido 16 votos.
  • Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Tenerife): María del Carmen Sánchez-Parodi Pascua, quien ha obtenido 19 votos.
  • Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: José de Quintana Pellicer, quien ha obtenido 13 votos.
  • Presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife: José Ramón Navarro Miranda, quien ha obtenido 15 votos.
  • Presidente de la Audiencia Provincial de Guadalajara: Isabel Serrano Frías, quien ha obtenido 15 votos.
  • Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos: Juan Miguel Carreras Maraña, quien ha obtenido 19 votos.
  • Presidente de la Audiencia Provincial de Huelva: Antonio Germán Pontón Práxedes, quien ha obtenido 12 votos.

Consejo_General_Poder_Judicial
Vocales del Poder Judicial. A la izquierda, el presidente Carlos Dívar. / ULY MARTÍN

El Consejo del Poder Judicial tiene previsto cubrir mañana, jueves, tres vacantes en el Tribunal Supremo, una en la Sala de lo Civil y otras dos en la de lo Contencioso-Administrativo. Salvo alguna discordia de última hora entre los vocales, el pacto es otorgar la plaza de la Sala Civil a José Luis Concepción, “amigo del vocal conservador Miguel Collado”, según fuentes del Consejo. “Ahora le toca elegir a Collado; él siempre ha sido muy disciplinado en otras votaciones y opciones de sus colegas”, ironizan estos medios. 

Pero el tema no se zanja ahí: el pacto incluye, además, colocar en una de las vacantes de la Sala de lo Contencioso al hombre de confianza de Carlos Dívar, presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Se trata de Eduardo Menéndez Rexach, que fue magistrado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y ahora es el jefe del gabinete de Dívar.  Para la otra vacante de la Sala Tercera de lo Contencioso circula el nombre de Wenceslao Francisco Olea,  presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Los demás aspirantes a estas plazas tienen, siempre según los citados medios, “muy escasas posibilidades, puesto que el tema, aparentemente, ya está atado”, se lamentan los citados medios. Estos tres nombramientos requieren mayoría cualificada, 13 de los 21 votos que acumulan los vocales y el presidente.  Este Consejo lo conforman nueve vocales elegidos a propuesta del PSOE, otros nueve a propuesta del PP, así como otros dos que fueron elegidos a instancias de CiU (Ramón Camps) y PNV (Margarita Uría). 

En teoría, los progresistas, junto con Uría y Camps,  aglutinan la mayoría simple necesaria para casi todas las decisiones importantes que adopta el órgano de gobierno de los jueces.  Para la elección  de altos cargos judiciales son necesarios, en cambio, 13 votos, mayoría cualificada.  Los progresistas casi siempre han actuado bajo la tenaza de la desunión, frente  a los conservadores,  donde ha imperado el prietas las filas, lo que les ha permitido elegir a tantos o más altos cargos que los progresistas. 

En el Consejo es vox pópuli que el tándem Margarita Robles (progresista) y Manuel Almenar (conservador) está detrás de gran parte de los nombramientos de altos cargos judiciales de los últimos años. Todavía le queda un año y medio de funcionamiento.  En el sector de la izquierda, contadas veces ha habido disciplina de grupo.  Hasta el punto de que, en ocasiones, algunos vocales progresistas han dado su voto a candidatos del sector conservador para evitar que saliera la apuesta personal de Robles o Almenar y afines.  “El tándem siempre tiene un grupo de fieles que les apoyan a cambio de, llegado el momento, lograr colocar ellos a algún magistrado amigo. Así viene funcionando este Consejo”, se lamentan los citados medios.  Entre los abnegados de Robles suelen estar los progresistas Félix Azón e Inmaculada Montalbán, entre otros.

El de hoy será, además, un pleno polémico. Los dos vocales (la portavoz Gabriela Bravo y Antonio Dorado)  elegidos por el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón para formar parte de la comisión que revisará la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la que regula el Poder Judicial no gustan ni a Robles, ni a Almenar ni a Azón y tampoco al vocal progresista José Manuel Gómez Benítez, exabogado del juez Garzón.  Algunos incluso han hecho gestiones personales con el ministerio de Gallardón paar que cambie esos nombres, pero el ministro se ha opuesto.  Vetan a Bravo y Dorado alegando que estar en esa comisión es incompatible con sus cargos en el Consejo. 

Gómez Benítez incluso ha presentado un escrito para que este tema se debata mañana y haya una votación que acuerde si hay o no incompatibilidad.  Gómez Benítez es el vocal que en los últimos años del Gobierno de Zapatero se reunió con miembros del grupo socialista y redactó enmiendas que, a su juicio, debían ser incorporadas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otro textos legislativos cuya modificación postulaba. No tuvo éxito. Cuando el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, conoció la envergadura de la modificación legal que trataban de introducir Gómez Benítez y otros vocales del Consejo en connivencia con un grupo de diputados, que incluso tocaba aspectos del secreto sumarial,  puso el grito en el cielo. El entonces ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, paralizó el proyecto legislativo aduciendo que ignoraba el calibre de esa iniciativa legal. Ahora, Gómez Benítez,  Robles, Almenar y vocales afines entienden  que ni  Bravo ni Dorado tienen compatibilidad para formar parte de la comisión a la que el Gobierno de Rajoy ha encomendado revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial.

¿Violación policial de un domicilio?

Por: José A. Hernández | 17 mar 2012

Un juzgado de la plaza de Castilla de Madrid tramita el siguiente asunto, que mantiene encarceladas a  cuatro personas.  La versión de los agentes es que un vecino de un bloque de pisos de la capital les avisó del fuerte olor a tóxicos que salía de un piso adyacente al suyo. Llaman a la vivienda los agentes y  la mujer que les recibe, según ellos, les autoriza a entrar para ver de dónde sale ese olor. A los pocos minutos hallan dentro una gran cantidad de droga.

Ella y otros ocupantes del piso son detenidos y acaban en prisión.  La mujer asegura  que los agentes han vulnerado un derecho fundamental al entrar en su casa sin autorización judicial. Y niega que les permitiera el acceso.  Los agentes insisten en que sí fueron autorizados y esgrimen, como prueba, que un vecino del bloque oyó a la mujer autorizarles.  El juez ha tomado declaración a ese vecino, que ha desmentido a la policía y niega haber oído tal cosa. 

Todo indica que alguien de la zona avisó del olor a la policía. El juez cree que pudo ser una venganza de otros traficantes para conducir a la policía hasta esa casa. La cuestión es: ¿ccomprobada la certeza del olor, tienen derecho los policías a entrar sin permiso judicial en esa casa? ¿Deben seguir presos los moradores de la vivienda dada la gran cantidad de droga decomisada?  ¿Se han extralimitado? 

Mi opinión es que se les debe poner en libertad de inmediato. Llevan varios meses presos.  El Estado de Derecho debe imperar. No vale todo. Es un derecho fundamental el pisoteado por estos agentes, que además mintieron al manifestar que un vecino había oído a la dueña de la casa dejarles entrar.  No es creíble que la dueña de la casa, a sabiendas de que ciertamente había droga dentro, les dejara pasar.  La policía, estoy convencido, se ha excedido en un tema de extrema gravedad:  el domicilio es inviolable. Y deben asumir su responsabilidad, incluso penal.

 

La vocal progresista Margarita Robles ha forzado que el próximo pleno del Consejo del Poder Judicial debata si la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, la progresista Gabriela Bravo, y el vocal conservador Antonio Dorado Picón son las personas  adecuadas para formar parte de la comisión a la que el Gobierno ha encomendado revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial. Ambos han sido elegidos para este fin, junto con otros juristas de reconocido prestigio, por el Ministerio de Justicia. A Robles no le ha parecido bien y lo ha expuestos verbalmente a sus colegas del Consejo. Sostiene que el ministerio debió consultar antes al Consejo qué personas de su seno deben integrarse en esa comisión, según fuentes del Poder Judicial. 

La intención de Robles, señalan estos medios, es recabar el apoyo de sus colegas para instar al ministerio a que deje tales nombramientos en manos del pleno, en el que ella se maneja con soltura. De hecho, gran parte de las designaciones de altos cargos judiciales adoptadas por este Consejo son fruto de pactos larvados entre ella y el sector conservador del Poder Judicial, que casi siempre se ha mostrado unido, a diferencia del sector progresista, que casi nunca se han comportado como un bloque. En sus pactos con la derecha del Consejo, Robles ha contado con frecuencia con el apoyo del también vocal progresista Félix Azón, entre otros otros.  

Fuentes del Consejo subrayan que los nombramientos de Bravo y Dorado son competencia exclusiva del Ministerio de Justicia y no figura entre las facultades del Consejo, cuya misión es informar sobre nuevos proyectos normativos,  pero no sobre quiénes deben integrar la comisión a la que se encargue una propuesta de texto legal. Señalan estos medios que en el fondo subyace una cuestión de “celos”, ya que Bravo es fiscal y Dorado, secretario judicial. Robles, en cambio, es magistrada.

La labor de la citada comisión será muy relevante. Uno de los aspectos que tendrá que abordar es el cambio anunciado por el Gobierno de Rajoy en el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, así como temas de gran impacto social, como la regulación del secreto sumarial en los procesos penales. Aunque, sobre este asunto, hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que da prioridad al derecho a la información sobre otros también fundamentales. La creación de esta comisión forma parte de los acuerdos adoptados por el último Consejo de Ministros.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal