Vocales del Poder Judicial. A la izquierda, el presidente Carlos Dívar. / ULY MARTÍN
El Consejo del Poder Judicial tiene previsto cubrir mañana, jueves, tres vacantes en el Tribunal Supremo, una en la Sala de lo Civil y otras dos en la de lo Contencioso-Administrativo. Salvo alguna discordia de última hora entre los vocales, el pacto es otorgar la plaza de la Sala Civil a José Luis Concepción, “amigo del vocal conservador Miguel Collado”, según fuentes del Consejo. “Ahora le toca elegir a Collado; él siempre ha sido muy disciplinado en otras votaciones y opciones de sus colegas”, ironizan estos medios.
Pero el tema no se zanja ahí: el pacto incluye, además, colocar en una de las vacantes de la Sala de lo Contencioso al hombre de confianza de Carlos Dívar, presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Se trata de Eduardo Menéndez Rexach, que fue magistrado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y ahora es el jefe del gabinete de Dívar. Para la otra vacante de la Sala Tercera de lo Contencioso circula el nombre de Wenceslao Francisco Olea, presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Los demás aspirantes a estas plazas tienen, siempre según los citados medios, “muy escasas posibilidades, puesto que el tema, aparentemente, ya está atado”, se lamentan los citados medios. Estos tres nombramientos requieren mayoría cualificada, 13 de los 21 votos que acumulan los vocales y el presidente. Este Consejo lo conforman nueve vocales elegidos a propuesta del PSOE, otros nueve a propuesta del PP, así como otros dos que fueron elegidos a instancias de CiU (Ramón Camps) y PNV (Margarita Uría).
En teoría, los progresistas, junto con Uría y Camps, aglutinan la mayoría simple necesaria para casi todas las decisiones importantes que adopta el órgano de gobierno de los jueces. Para la elección de altos cargos judiciales son necesarios, en cambio, 13 votos, mayoría cualificada. Los progresistas casi siempre han actuado bajo la tenaza de la desunión, frente a los conservadores, donde ha imperado el prietas las filas, lo que les ha permitido elegir a tantos o más altos cargos que los progresistas.
En el Consejo es vox pópuli que el tándem Margarita Robles (progresista) y Manuel Almenar (conservador) está detrás de gran parte de los nombramientos de altos cargos judiciales de los últimos años. Todavía le queda un año y medio de funcionamiento. En el sector de la izquierda, contadas veces ha habido disciplina de grupo. Hasta el punto de que, en ocasiones, algunos vocales progresistas han dado su voto a candidatos del sector conservador para evitar que saliera la apuesta personal de Robles o Almenar y afines. “El tándem siempre tiene un grupo de fieles que les apoyan a cambio de, llegado el momento, lograr colocar ellos a algún magistrado amigo. Así viene funcionando este Consejo”, se lamentan los citados medios. Entre los abnegados de Robles suelen estar los progresistas Félix Azón e Inmaculada Montalbán, entre otros.
El de hoy será, además, un pleno polémico. Los dos vocales (la portavoz Gabriela Bravo y Antonio Dorado) elegidos por el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón para formar parte de la comisión que revisará la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la que regula el Poder Judicial no gustan ni a Robles, ni a Almenar ni a Azón y tampoco al vocal progresista José Manuel Gómez Benítez, exabogado del juez Garzón. Algunos incluso han hecho gestiones personales con el ministerio de Gallardón paar que cambie esos nombres, pero el ministro se ha opuesto. Vetan a Bravo y Dorado alegando que estar en esa comisión es incompatible con sus cargos en el Consejo.
Gómez Benítez incluso ha presentado un escrito para que este tema se debata mañana y haya una votación que acuerde si hay o no incompatibilidad. Gómez Benítez es el vocal que en los últimos años del Gobierno de Zapatero se reunió con miembros del grupo socialista y redactó enmiendas que, a su juicio, debían ser incorporadas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otro textos legislativos cuya modificación postulaba. No tuvo éxito. Cuando el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, conoció la envergadura de la modificación legal que trataban de introducir Gómez Benítez y otros vocales del Consejo en connivencia con un grupo de diputados, que incluso tocaba aspectos del secreto sumarial, puso el grito en el cielo. El entonces ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, paralizó el proyecto legislativo aduciendo que ignoraba el calibre de esa iniciativa legal. Ahora, Gómez Benítez, Robles, Almenar y vocales afines entienden que ni Bravo ni Dorado tienen compatibilidad para formar parte de la comisión a la que el Gobierno de Rajoy ha encomendado revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial.
Hay 5 Comentarios
Estoy con el primer comentario esto es el Joder Judicial, no saben hacer otra cosa o eso parece cuando no les costaría mucho hacer bien las cosas http://economia-eficiente.com
Publicado por: tracid | 22/03/2012 12:30:07
Hace muchos años hubo en algún lugar una errata que hablaba del Consejo Superior del Joder Judicial. Pues eso.
Publicado por: tatu | 22/03/2012 10:27:37
yo a Margarita Robles no la tengo ningun cariño. de hecho creo que ha sido una de las artífices de que Garzón salga de la Judicatura. Y eso que es progresista. en su momento casi la mete en el trullo y eso no se lo ha perdonado nunca. FUERA MARGARITA ROBLES
Publicado por: tesa | 22/03/2012 9:54:34
Estimado señor Hernández: le felicito por su gran labor de campo y por la información dada. No obstante, me permito discutirle el principio según el cual las filas conservadoras siempre andan prietas y las progresistas, siempre divididas. Dos son los vocales conservadores que , de vez en cuando, rompen con esa disciplina: Concepción Espejel y Claro José Fernández Carnicero.
Coincido con Gomez Benitez en que un vocal del CGPJ no puede formar parte de la comisión legislativa, toda vez que luego el informe del CGPJ es preceptivo, si bien no vinculante para el Ejecutivo, a la hora de proponer a las cámaras el Proyecto de Ley. ¿Qué harán los vocales intervinientes?: ¿abstenerse luego de las deliberaciones del CGPJ cuando este tenga que emitir informe? ¿no es más lógico que no intervengan en esta primera fase de redacción del proyecto? ¿qué garantía de imparcialidad tiene entonces la ciudadanía?. Saludos
Publicado por: Luis Garcia | 22/03/2012 9:44:51
Con un poco de suerte abren la puerta para que circule el aire. Y que recuerden estos señores y señoras, que el único que tenía todo atado y bien atado era Franco. Un personaje histórico que murió de viejecillo hace años.
¡Qué vuelva EL JUEZ GARZÓN del destierro! Creo recordar que hasta el CID CAMPEADOR estuvo desterrado. Una pena que no aprendamos lecciones de la historia.
Publicado por: Felizísima Fortuna | 22/03/2012 1:44:04