La vocal progresista Margarita Robles ha forzado que el próximo pleno del Consejo del Poder Judicial debata si la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, la progresista Gabriela Bravo, y el vocal conservador Antonio Dorado Picón son las personas adecuadas para formar parte de la comisión a la que el Gobierno ha encomendado revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Poder Judicial. Ambos han sido elegidos para este fin, junto con otros juristas de reconocido prestigio, por el Ministerio de Justicia. A Robles no le ha parecido bien y lo ha expuestos verbalmente a sus colegas del Consejo. Sostiene que el ministerio debió consultar antes al Consejo qué personas de su seno deben integrarse en esa comisión, según fuentes del Poder Judicial.
La intención de Robles, señalan estos medios, es recabar el apoyo de sus colegas para instar al ministerio a que deje tales nombramientos en manos del pleno, en el que ella se maneja con soltura. De hecho, gran parte de las designaciones de altos cargos judiciales adoptadas por este Consejo son fruto de pactos larvados entre ella y el sector conservador del Poder Judicial, que casi siempre se ha mostrado unido, a diferencia del sector progresista, que casi nunca se han comportado como un bloque. En sus pactos con la derecha del Consejo, Robles ha contado con frecuencia con el apoyo del también vocal progresista Félix Azón, entre otros otros.
Fuentes del Consejo subrayan que los nombramientos de Bravo y Dorado son competencia exclusiva del Ministerio de Justicia y no figura entre las facultades del Consejo, cuya misión es informar sobre nuevos proyectos normativos, pero no sobre quiénes deben integrar la comisión a la que se encargue una propuesta de texto legal. Señalan estos medios que en el fondo subyace una cuestión de “celos”, ya que Bravo es fiscal y Dorado, secretario judicial. Robles, en cambio, es magistrada.
La labor de la citada comisión será muy relevante. Uno de los aspectos que tendrá que abordar es el cambio anunciado por el Gobierno de Rajoy en el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, así como temas de gran impacto social, como la regulación del secreto sumarial en los procesos penales. Aunque, sobre este asunto, hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que da prioridad al derecho a la información sobre otros también fundamentales. La creación de esta comisión forma parte de los acuerdos adoptados por el último Consejo de Ministros.
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