Sofismas de juzgados

Por: José A. Hernández | 04 may 2012

El Consejo del Poder Judicial se ha metido en un berenjenal.  El informe que ha elaborado en secreto  y por su cuenta (sin que nadie se lo pida) y que plantea reducir a menos de la mitad los 431 partidos judiciales de España barrunta incendios en numerosas ciudades españolas. Pocas  aceptarán de buen grado que de la noche a la mañana se esfumen sus tradicionales juzgados y que sus vecinos se vean forzados a desplazarse decenas de kilómetros hasta otra localidad para, por ejemplo, acudir a un juicio. Como testigo o como acusado. Incluso si es detenido, más largo se haría el trayecto en el claustrofóbico furgón policial.

No parece que este cambio de modelo de la demarcación judicial (el pregonado eufemismo institucional que oculta el hecho cierto de que muchas ciudades dejerán de tener sus propios juzgados) sea pacífico. Aun subsisten las típicas rivalidades entre localidades similares en población, donde a buen seguro se levantarán gritos contrarios a que otra ciudad le arrebate el servicio público que creía ganado hace lustros. Porque no es lo mismo tener el juzgado en la propia localidad y tardar una hora en una gestión judicial que verse uno obligado a desplazarse decenas de kilómetros hasta otra y perder una mañana entera.  Ni siquiera los gastos de abogados son iguales. Los viajes, propios o del letrado, también se pagan. En pequeños pueblos recónditos, además, el juzgado también son los funcionarios, sueldos fijos. Y despachos jurídicos en los aledaños. Agrupando juzgados (la idea es un mínimo de ocho por cabecera judicial), el Consejo ve factible ahorrar funcionarios. ¿Cómo? Amortizándolos. 

El Poder Judicial se está esforzando en vestir todo este tema de sofismas y mejoras, pero a nadie escapa que el leitmotiv no es otro que la crisis; que no hay dinero para sostener el actual modelo.

La portavoz del  Poder Judicial, Gabriela Bravo, insistía ayer en que no se suprimirá ningún juzgado y que la idea es aglutinarlos en cabeceras más potentes, lo que permitiría, aventuró, tener más jueces y menos funcionarios. Pretende el Consejo que los actuales partidos judiciales, diseñados en 1982 para atender comarcas con un mínimo de 50.000 habitantes,  asistan ahora a no menos de 100.000 personas.  Y para ello, provincias como la de Granada, que ahora dispone de nueve cabeceras judiciales, reduzca a tres sus sedes. Cuando dice que no se eliminarán juzgados, Bravo se refiere a que existe la posibilidad de que algunas poblaciones conserven algún juzgado específico aunque deje de ser cabeza de partido judicial.

Sea como fuere, esta redefinición judicial (que Gallardón considera está en la línea de la que, por su lado, ya prepara su ministerio con expertos propios), de momento ha originado un gran revuelo en numerosos pueblos, y desatará rencillas. Aunque a Gallardón quizás le venga bien que las primeras bofetadas  se las lleve el Consejo, que a fin de cuentas nadie le había llamado a este entierro (de juzgados).

Hay 2 Comentarios

Estimado señor Hernandez: naturalmente que es un problema de perras. La finalidad es que, tras el despliegue de la NOJ3, existan menos sedes judiciales, y que estas sean servidas por macro-oficinas, llamadas SCOP (servicio Comun de Ordenación Procesal), que trabajen para distintos órganos, de suerte que, donde antes había 9 partidos, ahora existan únicamente dos o tres demarcaciones servidas por nueve jueces y un montón de funcionarios no adscritos a un solo órgano sino a todo el Tribunal de Instancia, que así se llama el engendro. A estos TI se atribuirán los asuntos por orden de reparto predeterminado por un Presidente de Tribunal de Instancia (sucesor del actual DEcano). El fundamento es el siguiente:como la justicia es un embudo en su parte superior (poco juez para tanto asunto), así se puede crear nuevas plazas de Juez (cuando haya más pasta, obviamente), sin tener que crear por ello un nuevo Juzgado, que es mucho más caro (instalaciones, funcionarios, Secretario, etc). ES más incómodo para el ciudadano, pero cierto es que optimiza mejor recursos públicos. Tiene otras desventajas, porque al Presidente del TI le designan discrecionalmente instancias políticas, pero de eso no toca hablar ahora. Saludos

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Sobre el autor

(Guadix, 1963).
Periodista y licenciado en Derecho.
Subjefe de sección de Nacional.
Premio Ortega y Gasset de
Periodismo 2010 por el caso Gürtel;
Premio de Periodismo El Defensor
de Granada, Premio Nacional
de periodismo Antonio Mompeón
Motos; Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina y premio
de periodismo jurídico del Colegio
de Abogados de Madrid.

Sobre el blog

Este blog pretende ser un hueco de debate e información sobre temas con olor a toga y otros aromas adyacentes. Está abierto a cuantos deseen aportar una visión sobre temas de actualidad del mundo judicial, y sus intrahistorias. Lo anecdótico y llamativo también tendrá su espacio en esta web. Sólo se excluye la falta de respeto.

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