Día, el de ayer, de fuertes broncas y tensiones las vividas en el Consejo del Poder Judicial. El tándem Margarita Robles (propuesta para el Consejo por el PSOE, en concreto, por el exministro de Fomento José Blanco) y Manuel Almenar, elegido a instancias del PP, se reeditó ayer una vez más para tratar de colocar en la presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo al magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo José Ramón Ferrándiz, expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Después de haber amañado entre ellos y sus afines, en lo que va de legislatura de este Consejo, una gran parte de los nombramientos de altos cargos judiciales, ayer creían tener reunidos los 12 votos necesarios, mínimos e imprescindible para designar a Ferrándiz como primera autoridad judicial del Estado y trataron de forzar la celebración de un pleno extraordinario para sustituir al ya expresidente Carlos Dívar. No lo lograron porque, en realidad, apenas llegaron a disponer de ocho o nueve votos. El pacto, al menos de momento, se frustró, aunque es posible que traten de ganar más voluntades en los próximos días. De que no terminase de cristalizar ese acuerdo, le echan la culpa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con quien el tándem mantiene pésimas relaciones.
El pacto buscado para nombrar a Ferrándiz lo abanderaron Robles y los típicos vocales que suelen acompañarla en sus decisiones: esto es, Inmaculada Montalbán y Félix Azón. En esta ocasión, Carles Cruz, otro de los habituales incondicionales, no parecía tener muy claro ayer si debía apoyar al conservador Ferrándiz, del ala más derechista de la judicatura, como primera autoridad judicial del Estado, según interpretan varios vocales. Otros, en cambio, señalan que una vez más estuvo al lado de Robles, líder del grupo que obligó a Divar a saltar del sillón por no haber justificado sus lujosos viajes a Puerto Banús en 20 caribeños fines de semana.
El actual Consejo del Poder Judicial tiene una teórica mayoría progresista, porque se formó estando el PSOE en el poder. De hecho, el dimitido presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, fue una propuesta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que Mariano Rajoy vio con buenos ojos nada más oír su nombre.
Junto al grupúsculo de Robles a favor de Ferrándiz estaban los vocales conservadores que capitanea Almenar y que son miembros destacados de la APM: Pío Aguirre, Miguel Collado, Antonio Monserrat y Gemma Gallego (que es la juez que se hizo famosa por instruir desde un juzgado de Madrid el llamado caso ácido bórico, que trataba de enlazar la frustrada teoría conspirativa del 11-M con ETA).
Robles y Almenar, que han logrado colocar a muchos amigos de ambos y de sus delfines en altos puestos de la judicatura española, trataron de buscar la adhesión del vocal progresista José Manuel Gómez Benítez, propuesto por el PSOE y que es el vocal que ha destapado el escándalo de los viajes del expresidente Dívar. No lo lograron. Gómez Benítez les indicó que apoyaría a un candidato, con independencia de ideologías, que aglutinase un amplio consenso. Pero que en ningún caso apoyaría al conservador Ferrándiz. El PSOE también maniobró ayer para evitar el nombramiento del expresidente de la APM, asociación mayoritaria entre los jueces españoles.
Una señal que llevó al tándem Almenar-Robles a creer que la designación de Ferrándiz no cuenta con el aval de Ruiz-Gallardón es la retirada de apoyo hacia su candidato de los vocales conservadores Fernando de Rosa, que se halla de presidente en funciones del Consejo, y, fundamentalmente, de Antonio Dorado, una persona muy próxima al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román. De Hecho, Robles y Almenar montaron en cólera cuando supieron que Justicia había designado a Dorado, entre otros juristas expertos, para formar parte de la comisión que estudia la polémica reforma de la planta y demarcación de los juzgados españoles. Incluso trataron, sin éxito, de forzar que fuese el Consejo el que nombrase a los vocales que debían formar parte tanto de la citada comisión como de la otra que también ha creado el ministro para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para esta última comisión, el ministerio nombró a otra vocal del Consejo, la portavoz Gabriela Bravo, que tampoco es del gusto del tándem. Hasta el punto de que, según fuentes del Consejo, el objetivo es sustituirla como portavoz una vez que haya un nuevo presidente. Y es que el actual presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, tampoco tiene apoyos en el Consejo. Ni siquiera entre los suyos, los conservadores.
En este contexto, el de ayer fue, pues, un día de grandes tensiones en el Poder Judicial, según lo describen varios consejeros. Algunos hasta se sintieron presionados por llamadas de colegas tratando de imponerles a Ferrándiz como candidato. En el sector progresista llamó la atención que entre los preferidos de Robles no figurase ningún candidato progresista para el cargo. Y eso que la apuesta inicial de su colega Almenar no era Ferrandiz sino su paisano de Galicia Jesús Souto, magistrado de la Sala de lo Social del Supremo.
Robles fue secretaria de Estado de Interior en la época de Felipe González como presidente del Gobierno y su ascenso en la carrera, hasta llegar a la Sala Tercera del Supremo, a la que volverá cuando expire este Consejo dentro de unos 15 meses, se la debe al PSOE y a su militancia en la asociación afín, Jueces para la Democracia. El propio José Blanco, sin citarla, expresó el arrepentimiento del PSOE en algunos nombramientos.
Frente a Ferrandiz, un grupo de vocales trató de recabar votos a favor de nombrar a Carlos Granados, exfiscal general del Estado y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, como sustituto de Dívar. En torno a Granados, cuya candidatura impulsa el vocal Manuel Torres Vela, quien también es miembro de Francisco de Vitoria, se acumularon los apoyos de las vocales Gabriela Bravo y Almundena Lastra (ambas son fiscales), y el de Miguel Carmona. Y también se unieron a favor de Granados, en principio, los consejeros conservadores Claro José Fernández Carnicero y Concepción Espejel. Si el grupo progresista se rompió en disconformidad con los pactos díscolos de Robles y Almenar, Fernández Carnicero y Espejel se desgranaron del sector conservador por el mismo motivo, hartos de esos amaños.
Los dos vocales del Consejo propuestos por CiU, Ramón Camps, y por el PNV, Margarita Uría, que habitualmente votaron con los progresistas hasta que el grupo saltó por los aires, no tenían ayer definida su opción, según fuentes del Poder Judicial.
A juzgar por la tensión vivida ayer en el Consejo, y con la dimisión de Dívar aun caliente, sobre la mesa hay servida una nueva crisis en el órgano que se encarga de encauzar y velar por la independencia de los más de 4.500 jueces españoles. Aseguran en el Consejo que a Gallardón, con todos estos revuelos, le “están poniendo a huevo” su anunciado propósito de modificar el sistema de elección de los consejeros del Poder Judicial, que pretende dárselo mayoritariamente a los jueces. “Con el enorme corporativismo que ello supondrá, pues previsiblemente saldrán elegidos los jueces menos preparados y populistas, y más condescendientes con los errores de sus colegas/votantes”, avanzan las citadas fuentes.