Sobre el autor

(Guadix, 1963).
Periodista y licenciado en Derecho.
Subjefe de sección de Nacional.
Premio Ortega y Gasset de
Periodismo 2010 por el caso Gürtel;
Premio de Periodismo El Defensor
de Granada, Premio Nacional
de periodismo Antonio Mompeón
Motos; Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina y premio
de periodismo jurídico del Colegio
de Abogados de Madrid.

Sobre el blog

Este blog pretende ser un hueco de debate e información sobre temas con olor a toga y otros aromas adyacentes. Está abierto a cuantos deseen aportar una visión sobre temas de actualidad del mundo judicial, y sus intrahistorias. Lo anecdótico y llamativo también tendrá su espacio en esta web. Sólo se excluye la falta de respeto.

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marzo 2014

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Las autoridades holandesas han decidido cambiar de actitud y empezado a colaborar con el juez Pablo Ruz en sus pesquisas sobre el blanqueo de capitales de la red Gürtel en paraísos fiscales de este país europeo; por ejemplo, en Curaçao, “un territorio puro y duro off shore”, opaco al fisco. Hasta ahora era el único país europeo que se resistía a prestar auxilio a los jueces. Los investigadores creen que ahí esconde el cabecilla de la red, Francisco Correa, Francisco Correa, la parte sustancial del dinero que blanqueó al extranjero a través de la operativa que le diseñaron sus asesores en temas fiscales e imputados en la causa José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol, y Luis de Miguel.

Holanda llevaba tres años haciendo oídos sordos a las peticiones de colaboración lanzadas por los sucesivos instructores de la trama Gürtel, Baltasar Garzón, Antonio Pedreira y ahora Ruz. Sin éxito, los tres jueces habían pedido a Holanda que informase sobre varias cuentas cifradas de supuestas sociedades de la trama residenciadas en las Antillas Holandesas y que salieron a la luz en la documentación intervenida por la policía en el despacho de Blanco Balín. Este asesor es supuestamente el diseñador de la estructura de blanqueo de dinero urdida por Correa en el extranjero para blanquear los millones de euros que él y los suyos amasaban con los pelotazos que obtenían mediante sobornos a altos cargos del PP.

El país neerlandés acaba de remitir al juez Ruz abundante documentación cuya traducción al castellano ha ordenado el magistrado, así como que se forme con ella una pieza separada. En vista del cambio de actitud de Holanda, que como país de la UE está obligado a colaborar ante un petición judicial enmarcada en causa criminal en el ámbito europeo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Ruz que amplíe la comisión rogatoria y solicite más cuentas de sociedades de la trama en ese país y sus colonias convertidas en paraísos fiscales.

El pasado 25 de mayo, el juez Ruz, a instancias de Anticorrupción, ordenó “reiterar a través del Ministerio de Justicia del Reino de España” la petición a Holanda para que “cumplimente la comisión rogatoria” que ya le envió Garzón en febrero de 2009 y luego ratificó Pedreira el 26 de mayo de 2010.

El reino neerlandés se negó en un principio a colaborar con la justicia española en el caso Gürtel aduciendo "que, según el ordenamiento jurídico holandés, no es posible congelar y embargar dinero de cuentas si ha sido solicitado con el objeto de obtener pruebas de hechos criminales". Los informes policiales señalan que Holanda y su colonia caribeña desempeñan un rol crucial en la red piramidal de sociedades creada por Correa y los suyos.

El caso Gürtel ha llevado a los jueces instructores a emitir un total de 17 comisiones rogatorias internacionales a países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Marruecos, Colombia, Panamá, Suiza… en busca del dinero ilícito evadido por la red de Correa. De momento, a la red sólo se le han hallado 21 millones de euros en Suiza.

El Ministerio de Justicia tendrá que pagar 317.000 euros por una actuación policial y judicial errática que vulneró derechos fundamentales de José L.L., absuelto por el Tribunal Supremo tras cuatro años preso acusado de tráfico de drogas. La indemnización por la estrafalaria actuación policial, avalada por la Audiencia Nacional, no es por el tiempo que José L. L. estuvo en prisión, sino por la pérdida y deterioro que sufrió su patrimonio tras ser intervenido este judicialmente: un avión y cuatro coches. La orden de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia parte de la Sección Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración en el cuidado del patrimonio del exreo.

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