Tres de las cuatro asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) han pedido al Consejo del Poder Judicial que se implique y exija al Ministerio de Justicia que habilite las plazas necesarias para los 240 jueces que hay en este momento sin juzgado y para los otros 204 que habrá en cuestión de meses en la misma situación. El exministro de Justicia socialista Francisco Caamaño se comprometió al final de legislatura a crear 600 plazas de jueces y abrió para ello las puertas de la Escuela Judicial de Barcelona, donde se forman los jueces españoles. Pero luego llegó la crisis y se cerró el grifo, pero los jueces ya estaban formados.
Tras pasar las oposiciones y luego de los dos años de aprendizaje, los alumnos, que ya son jueces, se han encontrado con que no hay juzgados para ellos. Provisionalmente, el Consejo los han acomodado como refuerzos de otros juzgados, y a otros como sustitutos. En esta situación se hallan ahora unos 240 jueces, y próximanente la cifra se duplicará. "Son jueces que, tras pasar muchos años preparando la oposición y tras otros dos en la Escuela Judicial, los tienen ahora a salto de mata, de aquí para allá. No es justo", denuncia Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados. Las citadas asociaciones se reunieron hace días con los miembros de la Comisión Permanente del Consejo para exigirles que se impliquen y reclamen al Ministerio de Justicia la dotación de esta plazas. "Se limitaron a oirnos, sin más", se queja Sexmero.
Las tres asociaciones han firmado el siguiente comunicado de denuncia: "Las asociaciones abajo firmantes queremos mostrar nuestro descontento por la respuesta dada por el CGPJ a la injusta situación en que se encuentra la mayoría de la 63ª promoción y, por extensión, también toda la 64ª promoción. Somos conscientes de que este Consejo ha heredado un problema derivado de la falta de creación de plazas. Ese problema, sin embargo, ha sido creado por el propio Ministerio de Justicia, que en uno de los países de la Unión Europea con menor ratio juez/habitante, se niega a crear plazas judiciales".
"La solución adoptada", añaden, "se basa en prorrogar la situación en que se encuentran quienes están en expectativa de destino de la promoción 63, así como adscribir forzosamente a otros como jueces/as de apoyo al juez/a de adscripción territorial de la provincia y en destinar a los jueces/as en expectativa de destino de la promoción 64 como refuerzo a las plazas que se determinen en función de las necesidades".
El comunicado añade: "Todo ello constituye una manifiesta vulneración del derecho a la conciliación personal y familiar de nuestras compañeras y compañeros. Les generará una notable inestabilidad personal, laboral y económica. Y provocará evidentes desigualdades y agravios comparativos, pues asistiremos a una colocación por goteo, en lugar de a un concurso debidamente reglado y con todas las garantías. Todo ello provocará más incertidumbre y más interinidad a quienes ya han sacrificado bastante de su vida personal y familiar para alcanzar el objetivo de formar parte del poder judicial".
"Tras haberse reunido con las asociaciones judiciales y representantes de las promociones afectadas, el CGPJ ha optado por no acoger ninguna de las soluciones que se le han ofrecido. Se ha optado por no afrontar el problema, lo que lleva a cuestionarnos la utilidad de dichas reuniones (que se han visto ser meras audiencias para cubrir el expediente) y a constatar que este CGPJ no está por la labor de incomodar en lo más mínimo al Ministerio de Justicia, a quién debería haber reclamado o propuesto una solución real".
"Exigimos enérgicamente al CGPJ que lidere la petición de soluciones a este grave problema en vez de apostar por la improvisación. Por otro lado, lamentamos que, en lugar de buscarse soluciones estructurales, la tendencia futura en el CGPJ se incline hacia el incremento en el número de JATs. Ello no solo supone la precarización en la prestación del servicio, sino también efectos negativos en la independencia judicial, ante la falta de estabilidad en el destino, sometida a las decisiones de los órganos gubernativos. En estas situaciones está severamente comprometido el ejercicio independiente de la jurisdicción".
Las asociaciones concluyen: "Esta situación es una muestra de falta de compromiso para con la conciliación personal y familiar en el primer gran reto que tenía este CGPJ. Reclamamos al CGPJ y, por su vía, al Ministerio de Justicia que no prolonguen más una situación del todo irregular y lesiva para los derechos profesionales de quienes integran la 63ª y 64ª promoción Para ello, las asociaciones abajo firmantes reclamamos que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud se implique en esta materia. Exigimos al CGPJ la búsqueda de soluciones dialogadas con intervención de las asociaciones judiciales como representantes legítimos de gran parte de la carrera judicial. También mostramos nuestro apoyo a las compañeras y compañeros que se encuentran en esta inaceptable situación, por lo que nuestro capital humano y material queda a su entera disposición para lo que necesiten".