Tres de las cuatro asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) han pedido al Consejo del Poder Judicial que se implique y exija al Ministerio de Justicia que habilite las plazas necesarias para los 240 jueces que hay en este momento sin juzgado y para los otros 204 que habrá en cuestión de meses en la misma situación. El exministro de Justicia socialista Francisco Caamaño se comprometió al final de legislatura a crear 600 plazas de jueces y abrió para ello las puertas de la Escuela Judicial de Barcelona, donde se forman los jueces españoles. Pero luego llegó la crisis y se cerró el grifo, pero los jueces ya estaban formados.
Tras pasar las oposiciones y luego de los dos años de aprendizaje, los alumnos, que ya son jueces, se han encontrado con que no hay juzgados para ellos. Provisionalmente, el Consejo los han acomodado como refuerzos de otros juzgados, y a otros como sustitutos. En esta situación se hallan ahora unos 240 jueces, y próximanente la cifra se duplicará. "Son jueces que, tras pasar muchos años preparando la oposición y tras otros dos en la Escuela Judicial, los tienen ahora a salto de mata, de aquí para allá. No es justo", denuncia Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados. Las citadas asociaciones se reunieron hace días con los miembros de la Comisión Permanente del Consejo para exigirles que se impliquen y reclamen al Ministerio de Justicia la dotación de esta plazas. "Se limitaron a oirnos, sin más", se queja Sexmero.
Las tres asociaciones han firmado el siguiente comunicado de denuncia: "Las asociaciones abajo firmantes queremos mostrar nuestro descontento por la respuesta dada por el CGPJ a la injusta situación en que se encuentra la mayoría de la 63ª promoción y, por extensión, también toda la 64ª promoción. Somos conscientes de que este Consejo ha heredado un problema derivado de la falta de creación de plazas. Ese problema, sin embargo, ha sido creado por el propio Ministerio de Justicia, que en uno de los países de la Unión Europea con menor ratio juez/habitante, se niega a crear plazas judiciales".
"La solución adoptada", añaden, "se basa en prorrogar la situación en que se encuentran quienes están en expectativa de destino de la promoción 63, así como adscribir forzosamente a otros como jueces/as de apoyo al juez/a de adscripción territorial de la provincia y en destinar a los jueces/as en expectativa de destino de la promoción 64 como refuerzo a las plazas que se determinen en función de las necesidades".
El comunicado añade: "Todo ello constituye una manifiesta vulneración del derecho a la conciliación personal y familiar de nuestras compañeras y compañeros. Les generará una notable inestabilidad personal, laboral y económica. Y provocará evidentes desigualdades y agravios comparativos, pues asistiremos a una colocación por goteo, en lugar de a un concurso debidamente reglado y con todas las garantías. Todo ello provocará más incertidumbre y más interinidad a quienes ya han sacrificado bastante de su vida personal y familiar para alcanzar el objetivo de formar parte del poder judicial".
"Tras haberse reunido con las asociaciones judiciales y representantes de las promociones afectadas, el CGPJ ha optado por no acoger ninguna de las soluciones que se le han ofrecido. Se ha optado por no afrontar el problema, lo que lleva a cuestionarnos la utilidad de dichas reuniones (que se han visto ser meras audiencias para cubrir el expediente) y a constatar que este CGPJ no está por la labor de incomodar en lo más mínimo al Ministerio de Justicia, a quién debería haber reclamado o propuesto una solución real".
"Exigimos enérgicamente al CGPJ que lidere la petición de soluciones a este grave problema en vez de apostar por la improvisación. Por otro lado, lamentamos que, en lugar de buscarse soluciones estructurales, la tendencia futura en el CGPJ se incline hacia el incremento en el número de JATs. Ello no solo supone la precarización en la prestación del servicio, sino también efectos negativos en la independencia judicial, ante la falta de estabilidad en el destino, sometida a las decisiones de los órganos gubernativos. En estas situaciones está severamente comprometido el ejercicio independiente de la jurisdicción".
Las asociaciones concluyen: "Esta situación es una muestra de falta de compromiso para con la conciliación personal y familiar en el primer gran reto que tenía este CGPJ. Reclamamos al CGPJ y, por su vía, al Ministerio de Justicia que no prolonguen más una situación del todo irregular y lesiva para los derechos profesionales de quienes integran la 63ª y 64ª promoción Para ello, las asociaciones abajo firmantes reclamamos que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud se implique en esta materia. Exigimos al CGPJ la búsqueda de soluciones dialogadas con intervención de las asociaciones judiciales como representantes legítimos de gran parte de la carrera judicial. También mostramos nuestro apoyo a las compañeras y compañeros que se encuentran en esta inaceptable situación, por lo que nuestro capital humano y material queda a su entera disposición para lo que necesiten".
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Mas de 400 jueces sin juzgado, dice la noticia. La Fundación "Guru-´Gu" recomienda poner en marcha la operación "El Pollo del Pinar". En honor a Don Eligio Hdz, ex Fiscal Gral. del Estado. Fallido pero Estado. Al CGPJ no se le puede meter prisas en un año donde tendrá lugar el 27 aniversario de la célebre y muy puñetera "sentencia" del ilustre jerezano Pedro Pacheco. Por eso hasta que el citado CGPJ "agarre" por los cataplines al tonto-coño (o del culo, a elegir) de Gallardón hay que poner en marcha la mencionada operación. A saber, 10 jueces para reforzar a la jueza Mercedes Alaya. Todavía hay que colocar a 350. En los Monegros (Zaragoza) se crea un juzgado especial para llevar los 1.700 imputados en "nómina". Con la misión de reforzar a los titulares que lleven los casos y especialmente para controlar el cante por Peteneras o como irse de rositas en un Estado fallido. Allí irían destinados 100. Nos quedan 250 por colocar. El caso "Terra Mítica" es muy complicado debido a que lo empresarios implicados tienen los mejores despachos de abogados en Valencia y están convencidos que no devuelven un céntimo. Para este caso hay que destinar a 5 jueces con dedicación exclusiva. Y quedan 225. Para saber el paradero del puñetero jaguar de la cegata Ana Mato hay que destinar a 25 jueces. En este caso España se la juega, cualquier inversión en recursos materiales o humanos lo merece. 50 jueces destinados para asuntos varios como saber lo que cuesta asar una vaca con billetes de 500 euros y saber de una vez las cuentas de los sindicatos y sobre todo las correrías de esos 150.000 liberados sindicales. Todavía hay que colocar a 150. Otros cincuenta investigarían la "pedrada" de Pedraz. Aquel juez que dijo que la casta/clase política está podrida. Máxime cuando hay un informe de antropólogos y sociólogos de prestigio que confirman lo dicho por el citado magistrado. Otros 50 que estudien si el puto enano de Solchaga tiene que sentarse en el banquillo por aquello que dijo: Como hacerse rico en España en cuatro días. Con el visto bueno de "Isidoro", hoy el gorila Felipe. Y el resto dedicados a investigar la España corrupta. Es decir, el motivo por el cual fallaron todos los controles como interventores, auditores y abogados del Estado. Este reparto se entiende que es provisional, para no agobiar al CGPJ y darle tiempo a sus planes. Esto y poner en marcha las recomendaciones de Luis Solana sería miel sobre hojuela, la leche en verso, la hostia en vinagre. Solana decía el otro dia que sería conveniente poner al frente de algunas instituciones a un guardia civil. En realidad es lo único serio que tenemos, la guardia civil. Y en ese plan. Ninguno.
Publicado por: Casas Viejas | 21/02/2014 8:45:04