Gürtel costeó a Camps un hotel de lujo en Madrid (1.091 euros)

El expresidente valenciano Francisco Camps fue obsequiado por la trama Gürtel con una lujosa estancia en el hotel Gran Meliá Fenix de Madrid, uno de los más caros de la capital, entre los días 26 y 30 de diciembre de 2003. La estancia costó 1.091 euros y la pagó la empresa de Gürtel Special Even. El expresidente valenciano ocupó dos habitaciones dobles comunicadas en régimen de alojamiento y desayuno. Camps fue juzgado en Valencia por recibir regalos de trajes y joyas de la red Gürtel para él y su familia, pero un jurado popular le absolvió del delito de cohecho pasivo que se le imputaba.

 

Cuando la red Gürtel le pagó esta estancia en el Gran Melià Fénix, Camps solo llevaba unos meses como presidente de Valencia. Así lo indica el último informe que la policía ha entregado al juez Pablo Ruz, actual instructor del caso Gürtel.

 

Este informe cita a otros altos cargos del PP que también recibieron obsequios. Menciona, por ejemplo, a los dos últimos extesoreros del PP, Luis Bárcenas, y Álvaro Lapuerta. Según las facturas halladas por la policía en una nave de Alcorcón, donde la red Gürtel guardaba todos sus archivos y papeles, a Lapuerta le regalaron una caja de vino en la Navidad de 2003 por importe de 468 euros. Bárcenas recibió esa misma navidad, además, un regalo de 450 euros en puros Habanos.

 

La red que dirigía Francisco Correa pagó dos viajes de novios. Uno al exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y otro al exalcalde de Boadilla del Monte. Martín Vasco recibió de la trama Gürtel, en total, contando obsequios y comisiones, 345.000 euros. Solo en lo que respecta al viaje de bodas, entre el 12 de julio y el 6 de agosto de 2004, Gürtel le entregó unos 21.000 euros para el viajes y otros regalos.

 

El otro viaje de bodas que también pagó Gürtel fue para el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Viajó a Grecia de luna demiel. El viaje costó 4.517 euros. No obstante, el total de comisiones por diferentes conceptos pagadas por Gürtel a Panero se acerca a los 600.000 euros.

 

Juan Carlos Vera, diputado del PP, coordinador de la campaña electoral al Parlamento europeo de 2004, y Juan José Matariz Sáez, exdiputado por Almería, también fueron agasajados por la red Gürtel. Vera recibió un monitor de plasma, un teléfono móvil y un artículo Mont Blanc por importe de casi 7.000 euros. Y Juan José Matari fue obsequiado con un viaje a Eurodisney, en Paris, con hotel y avión incluidos, por casi 5.000 euros.

La juez que amparó la privatización sanitaria, al Tribunal Supremo

El sector conservador del Consejo del Poder Judicial designará en el pleno de mañana, viernes, previsiblemente, a la juez Inés Huerta como nueva magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Huerta es la presidenta de la Sección Octava del Tribunal Superior de Madrid que, sin que nadie lo pidiera, firmó una resolución en la que levantaba la suspensión cautelar del proceso privatizador de los grandes hospitales de Madrid que perseguía el Gobierno de Ignacio González, y que otra sección del mismo tribunal, la Tercera, había acordado.

La decisión de Huerta permitió al entonces presidente de Sala de lo Contencioso del Superior de Madrid, Gerardo Martínez Tristán (marido de una consejera del PP del Gobierno de Castilla la Mancha, y que más tarde sería elegido vocal de la todopoderosa Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial) convocar a todos los jueces de su Sala, unos 50, para que unificasen criterio sobre este asunto (puesto que había una resolución que suspendía cautelarmente el proceso privatizador y otra, la de Huerta, que lo levantaba). No obstante, el pleno de los jueces de esa Sala madrileña entendió que no había tal contradicción en las resoluciones (porque la de Huerta era un tema relacionado con derechos fundamentales) y acordó que la Sección Tercera continuase con su decisión de suspender el proceso privatizador. Se da la circunstancia de que la Sección Tercera ratificó hace unos días la suspensión cautelar del proceso, lo que, finalmente, ha llevado al Gobierno de González a dar marcha atrás y retirar su proyecto privatizador.

El previsible nombramiento de Huerta como magistrada del Supremo cuenta con el aval del sector conservador del Consejo (que reúne los votos necesarios para ascenderla al alto tribunal sin tener que pactar nada con el grupo progresista), y muy especialmente del presidente Carlos Lesmes y, obviamente, del vocal Martínez Tristán. Huerta, de 62 años, mantiene una estrecha relación con ambos. En fuentes del Consejo se interpreta este nombramiento, si finalmente se lleva a cabo, como “un pago por los favores prestados y el primer tic de amiguismo” en nombramientos del nuevo órgano de Gobierno de los jueces. Por esta plaza del Supremo compiten también los magistrados Jesús Cudero y José Luis Requero, aunque la intención más sólida es colocar a Huerta.

El otro nombramiento previsto para hoy es el de presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, puesto vacante desde que el magistrado progresista Juan Antonio Xiol fuera designado miembro del Tribunal Constitucional. Para este puesto, el objetivo del sector conservador del Consejo es nombrar a Francisco Marín Castán, en la actualidad magistrado de esta Sala. A este puesto aspira también el magistrado José Antonio Seijas.

Desde su nombramiento como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Lesmes no ha dejado de airear que uno de los objetivos de su mandato será la transparencia, pero este Consejo lleva ya casi dos meses funcionando y aún no se ha notado nada. Se informa de los asuntos rutinarios, pero hasta ahí. Y eso que Lesmes, que pasa por ser el presidente que más poder acumula desde que existe esta institución (la nueva ley que regula el funcionamiento del Poder Judicial parece hecha a su medida; y él conoce perfectamente todos sus vericuetos) ha asumido el mando directo del gabinete de comunicación del Consejo y del Supremo. Y lo primero que ha hecho es despedir a cuatro periodistas y nombrar a Cristina Ónega, exjefa de Nacional de TVE, como directora de comunicación, quien, a su vez, ha formado su propio equipo. La política de comunicación del Consejo busca ahora, además, restar poder en este aspecto a los presidentes de los Tribunales Supriores, quienes, en el anterior Consejo, eran los que proponían a sus jefes de prensa. “Se quiere controlar todo desde Madrid”, se quejan fuentes jurídicas, que aseguran que el próximo paso será prescindir de algunos jefes de prensa de tribunales superiores incluso contra el criterio de sus respectivos presidentes.

En el sector progresista del Consejo han empezado a cundir quejas por la impronta personalista que Lesmes, que llegó a ocupar un puesto político en el PP, está imprimiendo en diferentes área del Poder Judicial. 

El millonario estanquero de Madrid que gana 20.000 euros diarios

En las pesquisas policiales por supuesto blanqueo de capitales contra los organizadores de los partidos benéficos de Messi de junio de 2012 y los conciertos del popular cantante mexicano Vicente Fernández figura un personaje llamativo. Un estanquero de Madrid que, de ser cierto lo que aseguró a la Guardia Civil, se forra todos los días vendiendo cigarrillos y puros. Su estanco, situado en una zona céntrica, debe ser un reguero de clientes y colas constantes de clientes. Y es que, de un día para otro, prestó 130.000 euros a la sociedad que organizó los partidos benéficos de Messi y los conciertos de Vicente Fernández. Esa sociedad se llama Total Conciertos (la empresa matriz de los eventos) y al frente de ella figura el ciudadano colombiano Andrés Barco, a quien los investigadores policiales sitúan como el supuesto cabecilla de una trama que usa este tipo de eventos para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

J. G. (que esas son las iniciales del millonario estanquero madrileño) prestó en junio de 2012 los 130.000 euros para los preparativos del espectáculo que el popular cantante de rancheras mexicano celebró el 17 de junio de 2012 en Murcia en el marco de la gira mundial de despedida del cantante (los investigadores sostienen que la misma fue utilizada por narcos para blanquear dinero ilícto mediante la compra ficticia de entradas, lo que permite aflorar dinero sucio).

En su declaración ante los agentes que investigan si se lavó dinero en los partidos benéficos de Messi de 2012 y en los conciertos de Vicente Fernández, J. G. no tuvo empacho en reconocer que su estanco genera al día "unos 20.000 euros”. Así lo dijo a los agentes cuando estos le preguntaron de dónde había sacado tan rápido tanto dinero, que prestó a amigos suyos colombianos vinculados con la organización de este evento.

Según él, lo normal es que en la caja de su estanco tenga todos los días, líquido, alrededor de 60.000 euros. Aseguró que el dinero le fue devuelto días después. Para el préstamo, cogió el dinero en efectivo del estanco y sacó del banco, también sobre la marcha, otros 75.000 euros. ¿A cambio de qué? Como agradecimiento, consiguió seis entradas Vips (de 600 euros cada una) para asistir él, su esposa y unos amigos al concierto de Vicente Fernández en Murcia.

Los investigadores le interrogaron al sospechar que los organizadores de estos eventos pudieran haberle utilizado como hombre de paja en el blanqueo de capitales. Él lo negó. El dinero es suyo:  ¿Es normal que disponga de tanto dinero en metálico en su negocio?, le preguntaron.  “Sí, suelo hacer de caja unos 20.000 euros diarios, y lo guardo en una caja fuerte. Vendo seis millones de euros en tabaco al año. Mi estanco es el uno o el dos de Madrid”, se jactó. No especificó si brutos o netos.

Flores rojas de El Bigotes para Ana Botella en su onomástica

Factura del ramo de flores pagada por Gürtel para Ana Botella.

La relación del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa,  no era solo con el expresidente del Gobierno José María Aznar o con su yerno, Alejandro Agag. Special Evens, una de sus empresas más dinámicas, del total de 80 que él mismo reconoce en una grabación que llegó acumular, encargó a la floristería Yamil un ramo de rosas rojas para Ana Botella, actual alcaldesa de Madrid, el 24 de julio de 2002.

Fue un detalle de 144,24 euros que Álvaro Pérez, el Bigotes, pidió que se enviase a Ana Botella a La Moncloa la víspera de su onomástica, que se celebra el 26 de julio.

La documentación de Gürtel hallada por la policía en una nave de Alcorcón muestra, además, que la esposa del expresidente también se sirvió, para algunos de sus viajes (al igual que su yerno, sus hijos y en ocasiones su marido) de la agencia de Correa, que cargaba a las arcas de Presidencia del Gobierno o del PP, dependiendo del carácter del acto al que fuese. Aunque no hay ninguna norma que regule si Presidencia debe correr, o no, con los gastos de los cónyuges.

Hay viajes de la hoy alcaldesa y de personas de su confianza a Bárcelona con estancia en el hotel Majestic entre los días 22 y el 23 de febrero. Botella era una cliente “full credit”. También hay trayectos a Santiago de Compostela; y a Burgos, con su secretaria, y con estancia en el hotel Landa Palace. Solo la estancia de Botella en el Majestic de Barcelona costó 660.859 euros euros, que reembolsó a Gürtel Presidencia del Gobierno. Otros viajes de Botella los facturó Gürtel al PP, como el que giró a San Sebastián, con estancia en el hotel Reina Cristina, los días 8 y 9 de enero de 2001.

Pero Gúrtel no solo organizaba parte de los viajes de Botella (una veces pagados por Presidencia y otras por el PP), también organizó actos del PP a los que ella asistió; entre otros, una cena celebrada el 27 de noviembre de 2002 en Arganda del Rey, según la documentación incautada por la policía.

Correa explicó así ante el juez Garzón cómo veía él la relación entre Ana Botella y El Bigotes. “Alejandro [Agag] me presentó a Álvaro, y Álvaro es un chico que es el sobrino de Pajares. Te puedes imaginar el mundo de Pajares, la noche y el espectáculo, lo que era este chico para trabajar en una empresa, la disciplina, y llevando un tema serio empresarial (...) Entonces me dijo Alejandro: ponle para que lleve los actos del presidente, y yo le dije ¿pero tú estas loco?, uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano [Rajoy]“. Álvaro Pérez, El Bigotes es sobrino del actor y humorista Andrés Pajares.

El Bigotes solía encargarse de todo. Él fue el ideológo de los regalos que hizo la red a numerosos políticos de Valencia y Madrid. Quien encargó los famosos trajes que llevaron al banquillo por cohecho pasivo (delito del que fue absuleto por un jurado popular) al expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps. También era un engatusador nato, como se desprende de la conversación navideña que mantuvo con Isabel Bas, la esposa de Camps, sobre los regalos que le hizo a ella y su hija en los Reyes Magos de 2009.

Los eufemismos de Ruiz-Gallardón

Los eufemismos de algunos políticos cuando venden sus proyectos normativos resultan indignantes. Suena bonito eso que dice Alberto Ruiz-Gallardón de que va a despenalizar las faltas en su futura reforma del Código Penal. Pero es solo música, y de la estridente. Luego añade que, determinadas conductas ahora tipificadas como faltas, serán delitos (nada de zanahoria, más palos). Y suelta que todo ello agilizará la justicia. Obvio.

Al despenalizar las faltas, se fulmina la garantía de que un juez imparcial dictamine sobre acciones que, aunque leves, crean mucha inquietud en la ciudadanía. Y, al sacarlas del Código Penal, se reorienta al ciudadano al orden administrativo o civil, para que pleitee allí. Pero claro, esas jurisdicciones no son gratis. El ministro las ha gravado y bien gravado. Ahora el que pleitea, salvo que gane, tiene que pagar, y no solo las costas del proceso.  También al Estado.

Todo esto es una forma de que las personas sin recursos (o sea, la inmensa mayoría) no puedan acudir a la justicia y pueda aflorar la nunca deseable tentación de que alguno se acoja a la ley del Talión. Porque incluso la justicia gratuita está muy cara de conseguir hoy. Para que concedan un abogado de oficio, el solicitante ha de ser muy pobre. Los que sí pueden pagar los recibos caseros, pero solo eso, tendrán que dejar de pagarlos para pleitear. Hasta en esto hay estrecheces. Recurrir a la Sala Civil del Supremo, en un proceso de cuantía indeterminada, cuesta ahora unos 3.500 euros, sin contar abogado y procurador.  

Ruiz-Gallardón está decidido a que nadie le eche en cara nunca más que los juzgados están atascados y que los pleitos se eternizan. Si no hay clientes, no habrá atasco.

Otro que se está pasando cien pueblos seguidos es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su proyecto de ley de seguridad ciudadana. No quiere protestas en la calle. Da igual que ponga 600.000 o 30.000 euros a manifestantes que rodeen el Congreso o insulten a policías. Una y otra cifra es impagable para un ciudadano normal. A lo mejor lo que pretende el ministro es embargarles si no pagan esa barbaridad de multas y convertirles en rehenes de por vida. Yo prefiero que se penalice todo eso, que ya lo está, y con permiso de Ruiz-Gallardón: me ofrece más garantía un juez que un ministro que solo piensa en recaudar y asustar con la ruina a quien salga a la calle en el marco de su derecho constitucional de que la sociedad oiga que no se siente bien tratado por ella.

La red Gürtel y el color de los vestidos de Esperanza Aguirre

La cita de Esperanza Aguirre con el juez Pablo Ruz para que explique qué sabía ella de la red Gürtel era obligada. Llama la atención tanta tardanza en ser llamada por la justicia teniendo en cuenta el dineral, unos nueve millones de euros, que obtuvo la red Gürtel de la Comunidad de Madrid cuando ella era su presidenta.

Ruz matiza que la llama como testigo porque no ve elementos criminales contra ella. Quizás no los haya, pero cuesta creer que alguien que durante tantos años se subió a escenarios instalados por la red mafiosa no tuviera ni idea del desorbitado precio que se pagaba (ella no, la Administración que presidía) por esos montajes. Me consta que con frecuencia, antes de cada acto presidencial, los operarios de Gürtel telefoneaban al entorno de Aguirre para preguntarle por el color del vestido que iba a llevar Aguirre al evento de ese día para, si daba tiempo, conjugar el colorido del escenario con la vestimenta presidencial. 

Pronto les mostraré aquí mismo algunas facturas de esos eventos cobradas por Gürtel (hay cientos de ellas) con importes superinflados de actos institucionales, algunos insignificantes y otros ideados para mayor gloria de Aguirre. Cada vez que veíamos a la expresidenta en televisión inaugurando o presentando un evento, o arremetiendo contra Rajoy (raro era el día que no salía), la trasera, las luces y el atril eran de Gürtel, y su coste, un dineral (pagado por todos). La red tenía la exclusiva de los actos de Aguirre y su importe.

Cuando estalló el caso Gürtel, ella obligó a dimitir al hombre (su exconsejero Alberto López Viejo) que, en connivencia con Gürtel, le organizaba esos carísimos eventos. Esa es una de sus bazas exculpatorias. Pero nunca ha pedido disculpas por el descontrol del dinero público cuya gestión le encomendaron los madrileños. Ni tampoco por su clamoroso desinterés en saber lo que costaban (a los madrileños) los coloridos escenarios con que Gürtel abrigaba sus actos.           

Adiós a un fiscal

Ayer murió Pedro Martínez, uno de esos hombres que dejan huellas silenciosas y sin autor. Un hombre bueno y un buen hombre, recto e insobornable en sus ideas. Una de esas personas desprendidas de lo material que solo aliviaba su sempiterno desasosiego interior cuando, tras largas reflexiones, brotaba en su mente la idea de cómo mejorar la convivencia. Y la convicción de que él podía contribuir a su desarrollo.

Era un teórico de la vida y del Derecho, pero entendido este, y no es retórica, como un instrumento al servicio del ciudadano. Su vida como fiscal siempre fue un compromiso con las gentes más débiles y  desfavorecidas, las anónimas que padecen.

Cuando aún olía a franquismo, fue él quien, como joven fiscal recién llegado a Barcelona, forzó aquellas viejas leyes de la época para introducir la dignidad en los temidos manicomios. Allí donde, y es un caso real, algún cuidador apaciguaba las iras de los enfermos dándoles golpes en la cabeza con un cazo. En los gobiernos de Felipe González, intervino en la elaboración de nuevas leyes que llevaron aire fresco adentro de las gruesas y frías paredes de los psiquiátricos: fue el primer fiscal del posfraquismo que logró imputar a un gerente de psiquiátrico como responsable, por elevación omisiva, de las agresiones y desatenciones que sufrían los enfermos. Había que subir a la cúspide para aplacar a los subordinados. 

Muchos años después, también lo percibió así cuando, entonces como fiscal de delitos laborales de Madrid, se propuso que había que apretar las tuercas, incluso llevarlos a la cárcel, a los empresarios abiertamente despreocupados por la seguridad de sus obreros, carne de accidentes evitables. Suya es la frase: “El empresario debe asumir que le es rentable invertir en seguridad. De lo contrario, se expone a graves sanciones e incluso a la cárcel”. Con él como acusador, y tras implicar a la policía municipal como investigadores de obras, comenzaron a caer sentencias de prisión para empresarios que eran más amigos del lucro rápido que del obrero. 

La dignidad del ser humano, traducida en sus derechos fundamentales, siempre fue su obsesión vital. Aun retumba su incansable lucha jurídica (y también en las redes sociales) contra la implantación, sin los debidos y obligados controles, de SITEL, el sistema de interceptación de las comunicaciones que puso en marcha el gobierno del PP de Aznar durante el 11M y que luego desplegó el de Zapatero para todo lo demás. Pedro Martínez no dudaba en buscar la complicidad política para combatir todo aquello que atentase contra las conquistas sociales que él ayudó a reinstaurar en España. Y le inquietabasobremanera un sistema capaz de almacenar en ficheros informáticos la vida misma. 

El exteniente fiscal de Madrid era, ante todo, un hombre de ideas, nunca exentas de un tinte social. Políticos del PSOE y el PP las utilizaron como bandera electoral. En él nació la batalla del PP contra SITEL y el canon digital en un momento en que Gürtel se expandía  sobre los populares. Las de Pedro Martínez eran luchas tenaces y calladas, y también sonoras ante la sordera del Sistema si lo que estaba en juego eran los derechos civiles. Era un fiscal de alma progresista, que cambió de trinchera cuando los suyos no quisieron oírle en su constante búsqueda de la dignidad de la personal. Allí donde estuvo, o le dejaron, dejó su impronta siempre protectora del débil.

Con apenas 58 años, ayer, y casi al alba, le llegó la muerte, tras una larga enfermedad que le apartó del despacho de la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid desde el que últimamente se ocupaba y preocupaba de dar protección a los testigos que ayudaban a la justicia a erradicar a las grandes mafias del crimen en Madrid. Luchó con la tenacidad de siempre, pero perdió esta batalla de la vida. En Pedro Martínez, la sociedad pierde a un buen fiscal y a una buena persona. 

Descansa en paz, amigo Pedro.

El juez Ruz ve cercano el cierre de la instrucción del caso Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel y de la pieza separada sobre los llamados papeles de Bárcenas, acaba de dictar un auto que afecta tanto al cabecilla de la red, Francisco Correa, como al extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien se halla preso en Soto por supuesto cobro de comisiones procedentes de trama Gürtel.

El juez ha enviado un nuevo complemento de la comisión rogatoria de Suiza (petición de ayuda judicial), el número 35, en el que da por recibida la última información procedente de las autoridades del país helvético, que le informan de que Correa tiene allí 20 millones de euros bloqueados, su número 2, Pablo Crespo, 1,5 millones, y Bárcenas y su testaferro, Iván Yáñez, en torno a otros diez millones.

El juez señala a Suiza que la instrucción del caso Gürtel está "previsiblmente próxima a finalizar" y pide que el dinero debe continuar bloqueado hasta que el tribunal que juzgue el caso dictamine lo que debe hacerse con él. Ruz alude a una cuenta en el Credit Suisse, que está a nombre de la sociedad Goleen Chain Properties y cuyo beneficiario es el jefe de la red Gürtel, y en la que, en junio de 2012, este tenía casi 20 millones de euros. Así como otra a nombre de Pablo Crespo, imputado en Gürtel y exsecretario de Organización del PP de Galicia, con un saldo de 1,5 millones.

Ruz pide a Suiza, además, que le proporcione información de los criterios empleados para determinar quiénes fueron los beneficiarios económicos de las cuentas de las sociedades Tesedul y Granda Global, vinculadas al extesorero del PP y que este vació parcialmente al verse implicado en Gürtel. Se llevó la mayor parte del dinero a Estados Unidos y Uruguay. Bárcenas llegó a acumular casi 48 millones de euros en Suiza.

Ruz detalla que hay una cuenta en el país helvético, a nombre de Granda Global, en la que se identifica como beneficiario económico al extesorero Bárcenas y que, en noviembre de 2012, tenía un saldo (solo en esta cuenta) de casi 200.000 euros. Así como otra a nombre de la misma sociedad y en la que Bárcenas dispone de otros 9,9 millones de euros, que deben seguir bloqueados, señala el juez.  En el Lombard Odier, en este caso también a nombre de Tesedul, la cuenta de Bárcenas arroja un saldo de 1,2 millones.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a Ruz que Suiza informa que el titular formal de la cuenta de Granda Global es el imputado Iván Yáñez, a pesar de que, de los actuado en el sumario de Gürtel, se observa que el verdadero dueño es Bárcenas, como también lo sería de todas las cuentas abiertas nombre de Tesedul.

Ruz también señala a Suiza que la cuenta que la sociedad Montblanc dispone en el HSBC  ha podido ser utilizada en operaciones de blanqueo de capitales por parte de Correa y con ayuda de su  testaferro Eduardo Eraso. Es decir, que desde la cuenta del HSBC, Eraso ha podido transferir fondos a otra cuenta de Correa en la sucursal de Bancaja en Miami (EE UU) a nombre de la entidad Hilgart Investments, y que desde ella Correa habría hecho transferencias a sucursales bancarias de Singapur, en Asia.

¡Atención! No solo Bárcenas va a tirar de la manta

Los teléfonos están que arden este fin de semana entre los afectados de las diferentes trincheras con vistas a la comparecencia del extesorero Luis Bárcenas ante el juez Ruz el lunes. Todo el mundo está con las espadas en alto, expectante. Y me cuentan que la cosa puede acabar como el rosario de la aurora si Bárcenas opta por una verdad a su medida.

El toque de queda, con ley del silencio incluida, que el propio Bárcenas impuso en su entorno para evitar delaciones (incluso con amenazas: "¡ojito con lo que dices...!") cuando se vio atrapado por la grabadora en la que el jefe de la Gürtel se desahogaba diciendo aquello de "Sí, yo, Paco Correa, he  llevado a Bárcenas mil millones, a su casa y a su despacho de Génova”, puede quedar hecho añicos a partir del lunes.

Si se sienten concernidos, ya hay empresarios y personas relacionadas con Gürtel y con los llamados papeles de Bárcenas que, avisan, también tirarían de la manta. "¡Y que salga el Sol por Antequera...!" Bueno, en realidad no se echarían al monte, sino que se encaminarían al juzgado de guardia para denunciar a Bárcenas por estafa. ¿Y por qué por estafa?  Pues porque dieron fuertes sumas para cosechar infuencia en el partido y se han dado cuenta de que el dinero se esfumó en el camino. Nada que ver con las cantidades que hay en los papeles secretos. Ignoraban semejante aminoración. "¿Dónde está el dinero? ¿Quizás en Suiza?, se preguntan. 

Pero la cosa no queda ahí. Si la moda ahora es echarse al monte, más de uno que ahora se hace el sueco también puede acabar arrastrado entre el cieno. Porque son muchos los que están encima de él con la única protección de una frágil manta de paja. Si de lo que se trata es de hablar de dinero negro, estos empresarios están dispuestos a entrar en el debate. Porque negrísimos fueron los 250.000 euros (unos 40 millones de pesetas) que un expresidente del partido ordenó pagar para uno de sus acólitos cuando este dejó la política activa. Y no menos oscuros, me cuentan, fueron los 35 millones que este altísimo cargo del PP obtuvo del partido supuestamente para unas elecciones y que, en realidad, acabó invertido en ladrillo propio. 

Barcenas siempre ha mantenido que fue él quien contribuyó a echar a Correa del PP tras avisar de sus andanzas. Lo que olvidó contar, y hay papeles, que no son los suyos, pues todos tienen los propios, que revelan su otrora estrecha relación con el jefe de la Gürtel. Ni Bárcenas ni su esposa, Rosalía Iglesias, salían de viaje al extranjero sin pasarse antes por la agencia de Correa. Me cuentan, además, que en la manta también irían “los vínculos económicos” (supuestos) que han mantenido “Luis Fraga (sobrino del fundador del PP), Javier Sánchez (relacionado por vía paterna con el partido), un tal  G.G. y el famoso extesorero del PP”.  Lo del lunes con Bárcenas, me reiteran fuentes muy solventes, puede salir por peteneras.

Me parece bien, que se aclare todo. Y tiempo al tiempo. Pero antes, ¡a ver qué dice Bárcenas!  

 

Bárcenas cambia de estrategia y se autoinculpa de un delito contable

Bárcenas, a las puertas de la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas ha cambiado su estrategia de la negación (hasta abjuró de su propia letra y la retorció cuando el fiscal le sometió a una prueba caligráfica) y ahora parece decidido a tirar de la manta, aunque él también salga envuelto en ella. Sus últimos movimientos indican que comparecerá ante el juez Ruz y, ahora sí, validará el contenido de los papeles de su puño y letra que afloró EL PAÍS hace cinco meses. Son documentos que reflejan que el PP ha dispuesto de una contabilidad B en los últimos 20 años que se ha nutrido de donaciones ilegales (financiación ilegal) supuestamente procedentes de grandes empresarios españoles que recibían contratas de administraciones públicas gobernadas por el PP.

Los investigadores ya lo tenían acreditado, pero en cuanto Bárcenas abra la boca se autoinculpará de un delito contable del artículo 310 del Código Penal, que castiga con hasta siete meses de cárcel “al gestor” que lleve una contabilidad opaca al fisco, una caja B. Si además confiesa que, a cambio de esas donaciones, los empresarios han obtenido adjudicaciones de obras, estaría desplegando el delito de cohecho, que castiga a quien da y recibe dinero, y posiblemente otro de prevaricación. Pero no basta un testimonio o un apunte contable, el cohecho hay que acreditarlo. Y los empresarios que han comparecido ante el juez Ruz lo niegan y posiblemente en sus contabilidades no figuren tales pagos en negro, sostienen fuentes de la investigación. Sin obviar la sombra de la prescripción que se cierne sobre algunos de ellos.

Pero el delito contable, atribuible a él y a su antecesor en la tesorería del PP Álvaro Lapuerta, ya lo tienen más que acreditado los investigadores, bien pertrechados de pruebas y testimonios. Porque caja b en el PP la ha habido, según acreditan los testimonios de ex altos cargos que han admitido ante Ruz que recibieron las mismas cantidades que se les atribuye en los cuadernos del extesorero. Y que exhiben que el PP ha dispuesto de una contabilidad paralela y opaca al fisco alimentada de donaciones ilegales (superiores a los 60.000 euros, máximo que establece la ley por donante y año, y siempre que no sea adjudicataria de obras públicas). Y que parte de ese dinero, como tienen adverado los peritos judiciales, fue reflejado en las cuentas oficiales del partido de forma fraccionada (menos de 60.000 euros) para esquivar al Tribunal de Cuentas.

Otra parte de ese dinero supuestamente ilícito (Bárcenas ahora sí lo reconoce, tras disfrazarlo antes como gastos de representación) fue utilizado para pagar sobresueldos a la cúpula del partido. Los papeles que Bárcenas reconocerá como válidos contienen sumas de dinero entregadas con carácter trimestral y semestral a altos cargos (Rajoy, Arenas, Cascos, Rato o Mayor Oreja). Los papeles señalan que estos altos cargos formaban parte del Gobierno cuando percibieron los sobresueldos, lo que vulnera la Ley de Incompatibilidades. Los investigadores judiciales también deben determinar si los receptores de ese dinero opaco lo declararon al fisco. De los cuadernos se infiere que ninguno de los altos cargos superó con ellos, no obstante, la cuota tributaria anual de 120.000 euros, lo que en ese caso aleja el delito fiscal (que no el fraude). Pero ello no es óbice para que el PP responda como responsable civil de las multas de un eventual delito fiscal, castigado con hasta seis años de cárcel. Los peritos judiciales están analizando a efectos fiscales los ejercicios de 2007 y 2008 de los papeles, que, de confirmarse, no estarían prescritos.

Los manuscritos originales de los papeles de Bárcenas salidos ahora a la luz, a priori no aportan nada desconocido en un asunto que, por otro lado, ya estaba encauzado judicialmente con las copias que entregó EL PAÍS a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero. El giro a la investigación sí vendría del testimonio en sede judicial del propio Bárcenas
. Aunque si lo hubiera hecho antes, habría ahorrado el tiempo y medios que han dedicado los investigadores en acreditar que los de EL PAÍS eran sus propios papeles. “De perdidos, al río”, debe estar pensando ahora Bárcenas, recluido en la cárcel de Soto del Real por los 48 millones que acumuló en Suiza. ¿De dónde obtuvo tantos millones? Hay abogados que lo tienen claro: "El que parte y reparte, se lleva la mejor parte [de las donaciones]".