El pasado jueves los diarios de la capital mexicana publicaron diversos mensajes, conocidos en México como desplegados o inserciones pagadas, de felicitación para Miguel Ángel Mancera, el nuevo jefe de gobierno, elegido con un contundente 63% de los votos de los comicios del 1 de julio y que asumió el poder el 5 de diciembre. Entre todos los mensajes que deseaban parabienes al nuevo alcalde había uno que, también dirigido a Mancera (un abogado de 46 años, con credenciales académicas de excelencia y una probada eficacia en el gobierno), desentonaba por completo: estaba firmado por una madre que desde una celda de la procuraduría (fiscalía) general del justicia del Distrito Federal clamaba ayuda al nuevo gobernante.
"Mi nombre es Sonia Lorenzo, soy madre de los trillizos de nombres Alfredo, Santiago y Rodrigo de apellidos Sousa Lorenzo, de 7 años de edad. Soy una mujer trabajadora, vivo honrada y modestamente.
"En los últimos años he librado una dura batalla legal en contra del padre y del poderoso y acaudalado abuelo paterno de mis menos hijos, los señores Alfredo Sousa de Diego y Everardo Sousa Landa, respectivamente. Me he visto obligada a resistir una inmodificable e injusta decisión: quitarme a mis tres preciosos hijos. Este conflicto inició hace cinco años cuando sorpresivamente mis niños fueron sustraídos de su hojar y ocultados", explica la señora Sonia, quien en el desplegado (que aparece íntegro en la parte superior de esta entrega) hace de conocimiento público que fue detenida el día 4 de diciembre, y que para liberarla sus captores, que no mostraron nunca orden de aprehensión, ponían como condición renunciar a la custodia legal de sus hijos.
El abogado de la señora Sonia es un conocido litigante de nombre Alberto Zinser Cieslik. “Este es uno de esos asuntos de los que realmente permiten tomar la temperatura de un sistema, que lo ponen a prueban, que lo cuestionan a fondo", me dice vía telefónica. "Yo nunca había visto que en un pleito de custodia una fiscal que tiene como función defender el interés superior de los menores hiciera una cosa así".
Con "una cosa así", Zinser Cieslik se refiere a detener sin orden de aprehensión a una madre cuando fue a una audiencia en la fiscalía, mantenerla incomunicada desde entonces, hacerla declarar en la madrugada y pedir a un juez que la remitan a una cárcel, donde se encontraba hasta al mediodía del viernes. El abogado explica que desde hace años, en dos momentos distintos sendos jueces de Veracruz --donde reside Sonia con dos de sus hijos, el tercero está con el padre-- han ratificado para ella el derecho de la custodia de los niños. Pero, denuncia el abogado, tal mandato legal ha sido pasado por alto por la Fiscalía Central de Investigación Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de Luz María Hernández Delgado.
El abogado explica que las pruebas que demuestran que su clienta cuenta con la custodia legal no han sido tomadas en cuenta tampoco por jueces del Distrito Federal: "alguien rasuró los expedientes para quitar las pruebas que aportamos. Haz de cuenta que estamos viviendo una situación típica del México de los años setenta. Esto es cavernario. Cada minuto que esta señora pase en la cárcel es una demostración de que nuestro sistema está descompuesto".
"Nunca hemos planteado que estos niños pierdan a su padre", argumenta Zinser, cuyo despacho lleva el caso pro bono eso contradice el orden natural, eso nunca lo plantearíamos. Nuestra contraparte sí apuesta a que esta madre pierda a sus hijos".
La batalla legal, que lleva más de cinco años, seguirá. La madre de los trillizos fue trasladada a una cárcel dentro de un procedimiento llevado a cabo cuando la Ciudad de México se encontraba en un limbo, en medio del cambio de poder, en las horas en que Marcelo Ebrard iba de salida de la alcaldía y su sucesor Miguel Ángel Mancera, que fue fiscal de la ciudad, apenas asumía la jefatura del gobierno. En esas horas, alguien creyó que era buena idea detener a una madre de familia que pelea por la custodia de sus hijos, mantenerla incomunicada, hacerla declarar de madrugada y remitirla a la prisión de Santa Martha Acatitla. Todo lo anterior en un gobierno de izquierda.