En mayo de 2006 entrevisté en Oslo al entonces ministro de Exteriores noruego, Jonas Gahr Stoere. Salió publicada en EL PAÍS con este titular: “En Noruega no hay un solo millonario del petróleo”, sacado de mi última pregunta:
P. Noruega es uno de los pocos países en los que la abundancia de petróleo y gas ha sido una gran ventaja y no una maldición. ¿Cómo se las ingeniaron para que fuese un éxito?
R. Bueno, creo que depende mucho de las características de cada país. Cuando encontramos petróleo en los años setenta, Noruega era una democracia muy sólida, con instituciones sólidas. No había corrupción y existía un consenso político en la redistribución de los beneficios. Se tenía claro que los recursos pertenecían a la gente y que el Estado gestionaba esos recursos para beneficio del pueblo. Fue un punto de partida muy bueno. Hoy hay gente rica en Noruega, pero no hay ningún individuo que se haya hecho multimillonario con el petróleo. La propiedad del gas y del petróleo es estatal, aunque operen compañías extranjeras. Eso sí, pagan un 80% de impuestos sobre sus beneficios.
Siete años más tarde, en febrero de 2013, mi colega Salvador Camarena y yo entrevistamos al director de Pemex, Emilio Lozoya. Merece la pena recordar algunas de las cosas que nos dijo: “Pemex no se va a privatizar. No se trata de abrir su capital a empresas privadas sino de permitir a Pemex constituir joint ventures con otros socios en exploración de yacimientos, refinerías o transporte de gas. El objetivo de la reforma es aprovechar el potencial que tiene México en materia energética, que Pemex deje de ser una petrolera enfocada en generar divisas y mude a una empresa que genere más energía, más barata y más limpia, más empleos y de mayor calidad y también más impuestos”.
Y añadió: “Junto con Corea del Norte, México tiene el marco regulatorio más restrictivo del mundo y hay que generar uno más competitivo porque el mercado de la energía es global. Una empresa que no vea rentabilidad suficiente en sus inversiones en México se irá a Angola o a Rusia. En todo el mundo hay condiciones mucho más favorables para las empresas. Este es un punto crítico”.
México no es Noruega. El ministro recibió a este periodista en la puerta del Ministerio de Exteriores para subir juntos a su despacho, sin controles ni edecanes y México sí tiene un millonario del petróleo bien conocido: el histórico jefe del sindicato, Carlos Romero Deschamps. Tampoco es fortunadamente Corea del Norte.
Pero pronto México tendrá que elegir entre la inercia o el progreso. Faltan pocas semanas para que dé comienzo un debate que se anuncia bronco en el Congreso y en la calle sobre la reforma energética y, por tanto, la de Pemex. Todo se ha escrito ya sobre los males de la petrolera -pérdida de competitividad global, descenso de producción, falta de capacidad de refino, sin recursos para invertir y modernizar instalaciones al haber sido sangrada durante décadas por el fisco, carencia de investigadores, exceso de burocracia y una corrupción legendaria- y casi nadie discrepa en el diagnóstico ni en la necesidad de su reforma. Dicho de otro modo: Pemex es desde hace mucho tiempo una empresa privatizada en los hechos por un sindicato corrupto y una miríada de comisionistas aprovechados e indirectamente por todas las grandes compañías y magnates que no pagan un peso en impuestos.
Sin embargo, la izquierda mexicana, o buena parte de ella, se dispone a dar la última batalla del nacionalismo mexicano agitando el espantajo de la privatización del monopolio estatal -hay tantos argumentos en contra del error de anteriores privatizaciones o como pruebas del fracaso de compañías nacionales- y declarando intocable el Artículo 27 de la Constitución. Cabe recordar que el 27 consta de 4.520 palabras, repartidas en más de 40 párrafos y que su texto ha sufrido más de 50 modificaciones, adiciones y derogaciones en 1934, 1960, 1975, 1976, 1983,1986, 1992, 2011 y 2013, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La clase política mexicana acaba de salir de unas elecciones municipales y estatales, en teoría las que mayor interés por cercanía deben tener para los ciudadanos, con una abstención superior al 60%. Un dato que debería preocupar más que los resultados. Revela la distancia entre gobernantes y gobernados, la lejanía del votante con el orden clientelar que rige a nivel local y hasta la propia debilidad de los partidos.
Convertir ahora la reforma de Pemex en un falso debate sobre la esencia de la nación mexicana al que se sume el cinismo de la derecha tiene el riesgo de cerrarla en falso sobre las espaldas de millones de pobres del petróleo.