12 nov 2012

Peligro, francotiradores

Por: José Yoldi

Peligro_francotiradores Yannis Behrakis (Reuters)
El letrero, en la frontera libia, pone Peligro, francotiradores. Foto Yannis Behrakis (Reuters)

Queridos lectores:

Parece ser que el anterior va a ser el último artículo que publique en El País. Después de 29 años peleando diariamente por hacer más grande este periódico creía que me había ganado el derecho a un tránsito pacífico y tranquilo hacia la jubilación. Me temo que no va a ser así, puesto que esta mañana me han notificado el despido por rigurosa aplicación de la reforma laboral, una normativa que había sido criticada por el propio periódico. Se ve que con la crisis cambian los valores y abundan los francotiradores.

No obstante, como decía Tagore, "no llores por la pérdida del sol que las lágrimas no te dejarán ver las estrellas" y parece que por fin, voy a tener más tiempo para mirar las olas o ver crecer la hierba.

Si vuelvo a escribir en algún medio, blog o soporte de algún tipo, lo notificaré vía twitter. Mi cuenta es @TxetxoY

Les agradezco su paciencia y les deseo lo mejor.

 

12 nov 2012

Un eterno tránsito hacia la nada

Por: José Yoldi

 

 

El macroproceso contra 40 dirigentes de Batasuna dura ya más de 10 años y no se vislumbra el final

 

Juicio del 11-M. A la derecha Fernando García Nicolás

Juicio por el 11-M. A la derecha, Fernando García Nicolás. Foto: Efe

¿Para qué vas a correr si no sabes dónde vas? Ese proverbio africano parece ser la inspiración de los jueces de la Audiencia Nacional que, al menos en los últimos años, han tenido responsabilidad sobre el caso Batasuna. Porque ese macroproceso, el 35/02 del Juzgado Central 5, en el que están procesados 40 dirigentes de Batasuna —entre ellos Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach, es decir, los que están liderando a la izquierda abertzale hacia el fin de la violencia en Euskadi— se inició hace ya 10 años y no se vislumbra el final.
Lo inició en 2002 el entonces juez Baltasar Garzón con la intención de cortocircuitar el flujo de dinero hacía Batasuna, por entender que esa formación política era “una de las grandes empresas de ETA”.
Según el magistrado, la dirección de la banda terrorista decidió “en 1992, configurar una plataforma económico-financiera coordinada para aglutinar todas las estructuras y organizaciones integradas en el MLNV (Movimiento Nacional de Liberación Vasco)”. Esta tenía como finalidad elaborar el llamado Proyecto Udaletxe, “una estructura empresarial de ETA dirigida a financiar todas las estructuras integradas en el complejo terrorista”. Para Garzón, no existía duda de que uno de los pilares de esa plataforma eran las herriko tabernas (tabernas del pueblo), dependientes de Batasuna y utilizadas para “la captación de nuevos militantes, el depósito (...) de armas y explosivos para la comisión de atentados de ETA, (...) instrumentar la lucha callejera, y la recopilación de información de futuros objetivos terroristas”.
De modo que el juez intervino las herriko tabernas y suspendió las actividades de Batasuna, antes de su ilegalización por el Tribunal Supremo.
En 2005, poco antes de marcharse a Estados Unidos, Garzón procesó a 36 responsables de la formación política y a su vuelta, en 2008, concluyó el sumario, en el que ya había 40 acusados, además de los etarras Josu Ternera y Jon Salaberría, que estaban huidos. Poco después, abrió juicio oral.
En abril de 2010, el fiscal presentó sus conclusiones provisionales en las que reclamaba 12 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista para Otegi, Etxeberria y Permach, a los que se considera jefes de ETA; 10 años para otros 20 dirigentes de Batasuna, por el mismo delito, y 8 años para 17 militantes. Desde entonces, poco o nada se ha hecho y la causa sestea en la sala.
No deja de ser curioso que este proceso tendrá que dejarse sin efecto para Otegi, porque ya ha sido juzgado y condenado por integración en banda terrorista en el caso Bateragune, uno de los enésimos intentos de reconstrucción de la cúpula de Batasuna. La Audiencia le condenó a 10 años de prisión, pero el Supremo le rebajó la pena a seis años y medio. La pertenencia a un grupo terrorista es un delito permanente, por lo que no podrá ser juzgado de nuevo por eso.
Pero, aunque así sea, a alguien se le podría ocurrir señalar el juicio de una vez, en lugar de este viaje infinito.
La ponencia le corresponde al paulatino Fernando García Nicolás, que pensarán ustedes que está sobrepasado por el trabajo. Pues no. La velocidad, hay que reconocerlo, nunca ha sido su fuerte. En 1997 le costó seis meses redactar la sentencia que condenó a 37 años de cárcel a Juan José Rego Vidal y Jorge García Sertucha por el intento de atentado contra el Rey en Mallorca. Un asunto sin ninguna complicación para lo que no se suele tardar más de una semana, puesto que los acusados habían admitido su culpabilidad, habían alardeado de tener al Monarca en el punto de mira y  el tribunal disponía del rifle de precisión como prueba.
Posteriormente el Consejo del Poder Judicial le expedientó y sancionó con una multa por retraso injustificado al tardar más de un año en dictar otra sentencia del entorno de ETA.
Quizá piensen que está agobiado por los otros casos que tenga asignados. Pues tampoco. Resulta que el caso Batasuna es la única ponencia que tiene encomendada. Y el mes que viene se jubila.
Lo más probable es que sea admirador del que fue actor y presidente norteamericano Ronald Reagan, que comentaba: “Algunos dicen que el trabajo duro no ha matado a nadie, pero yo me digo ¿Por qué arriesgarse?”.
Y, mientras, el proceso prosigue su eterno tránsito hacia la nada.

05 nov 2012

Es lo que hay

Por: José Yoldi

El Gobierno no tiene que justificar los indultos, que otorga de forma arbitraria, a veces, sin justicia ni equidad


Zapatero y Caamaño en 2010. Bernardo Pérez
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro de Justicia Francisco Caamaño, en el Congreso en 2010.
Foto: Bernardo Pérez

Hay indultos que son injustos, que no son para hacer justicia, pero dice el Supremo que “es lo que hay”. Porque ¿hay café menos café que el descafeinado y condena con menos pena que la indultada?

El Supremo ha decidido no admitir una querella por delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) administrativa presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro de Justicia Francisco Caamaño por el indulto que el 25 de noviembre pasado, con el Ejecutivo en funciones, concedieron al consejero delegado del banco Santander, Alfredo Sáenz, al representante de la entidad en Cataluña, Miguel Ángel Calama, y al asesor jurídico Rafael Jiménez de Parga.

Descargar AUTO-QUERELLA SOBERANÍA CONTRA ZAPATERO Y CAAMAÑO

Sáenz (segundo por la izquierda) en el banquillo con los otros acusadosLos hechos se remontan a 1994, cuando Sáenz, presidente de Banesto, emprendió una agresiva política de recuperación de créditos de morosos y, con la colaboración de Calama y Jiménez de Parga, presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González, a los que reclamaba 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) del grupo Harry Walker, aunque sabía que estos eran accionistas minoritarios.  Los hechos denunciados no eran ciertos y solo formaban parte de una maniobra para recuperar el importe del crédito de la forma que fuera, pero el juez Pascual Estevill, para ablandarlos, envió a prisión preventiva a los cuatro empresarios. Finalmente se descubrió el pastel y dos años más tarde el encarcelado fue el juez.

Como consecuencia de aquella actuación, la Audiencia de Barcelona condenó a Sáenz en 2009, por delito de acusación y denuncia falsa, a 6 meses de prisión y 9.000 euros de multa. Evidentemente, este no iba a ingresar en prisión y la multa era insignificante, si tenemos en cuenta que es el ejecutivo de banca mejor pagado de España, con un sueldo anual de más de 10 millones de euros. Pero la condena tenía una pega, hacía perder al autor su “honorabilidad”, condición que exige el Banco de España para ejercer como banquero.

Tras el correspondiente recurso, el Supremo rebajó la condena a tres meses de arresto y la multa, a 400 euros, por tratarse de hechos ocurridos 16 años antes, pero incluyó como pena accesoria la suspensión de su profesión como ejecutivo de banca durante el tiempo de la condena. Lo que suponía tener que dejar el banco.

Para evitarlo, Sáenz recurrió al Constitucional y solicitó el indulto. El fiscal se mostró partidario, pero el Supremo se opuso por entender que en el caso no se daban “razones de justicia y equidad”.

Sin embargo, Zapatero y Caamaño accedieron a la medida de gracia dejando “sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. Bingo.

Perfecto Andrés Ahora, el Supremo, en un auto del que ha sido ponente Perfecto Andrés, ha decidido no perseguir a Zapatero y Caamaño porque aunque la ley de indulto de 1870 exige la concurrencia de “razones de justicia, equidad o utilidad pública, para otorgarlo, renuncia a que haya que justificarlo. El texto destaca que el indulto era una prerrogativa regia y que en definitiva es una “herencia del absolutismo”, que tiene difícil encaje en un ordenamiento como el español en el que todos los poderes deben estar sujetos al derecho y deben dar cuenta pública del porqué de sus actos. “Deber especialmente reforzado (…)”, añade, “en sentencias de condena; que, paradójicamente, pueden luego, como en el caso, hacerse vanas sin que conste ninguna razón estimable, en el ejercicio de una discrecionalidad política, más bien arbitrio, no vinculada e incontrolable, por tanto”. Y concluye: “Dado el actual marco legislativo, es lo que hay”.

Sin embargo, el Supremo señala que aunque el indulto especifica que deja “sin efecto los efectos derivados de la sentencia incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”, la medida de gracia afecta solo a las penas y no borra la existencia de la sentencia ni los antecedentes penales, que son resistentes al indulto, por lo que entiende que no interfiere en el cometido y responsabilidad de la autoridad bancaria para apartar a Sáenz. Quizá sea un rapto de ingenuidad del Supremo, pero la autoridad bancaria no parece haberlo interpretado así.

Hokman Joma, condenado a tres años por lanzar un zapato a ErdoganNo tiene mucha relación, pero cuando faltan solo cuatro meses para que el sirio de origen kurdo Hokman Joma cumpla los tres años de prisión a los que fue condenado por tirar un zapato al primer ministro turco Erdogan, —al que ni rozó— en el Ayuntamiento de Sevilla, la fiscalía ha informado favorablemente el indulto. El tribunal que le condenó ya estimó que la pena era desproporcionada y recomendaba el indulto, pero la burocracia lo ha retrasado hasta que casi tiene ya cumplida la totalidad de la pena.

Los destrozos de los huracanes, los bancos y la justicia suelen afectar más a los más pobres. Como dice el Tribunal Supremo respecto de los indultos: “Es lo que hay”.

29 oct 2012

Lo posible, lo probable, lo previsto

Por: José Yoldi

Los padres de Pertur en el homenaje por el 30 aniversario de su desaparición
Los padres de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, en el homenaje del 30º aniversario de su desaparición. Foto: Javier Hernández

 

Todo el mundo sabía, salvo quizá su familia, que la investigación sobre la desaparición del dirigente de ETA (político-militar) Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, el 23 de julio de 1976, realizada por la Audiencia Nacional, iba a acabar archivada por falta de autor conocido. Era lo previsto.

Descargar 2012-09-21 AUTO PERTUR

Y no es porque el juez Fernando Andreu no haya realizado su trabajo concienzudamente, sino porque han transcurrido más de 36 años desde que ocurrieron los hechos, no hay nada más difícil que investigar un secuestro y presumible asesinato sin disponer del cadáver y, como suele decir un abogado de la izquierda abertzale, la suma de sospechas no constituye delito, lo mismo que en el fútbol la suma de postes no hacen gol. De modo que, a pesar de las sospechas, no existen pruebas suficientes para dirigir el proceso contra nadie, por lo que, a efectos jurídicos, todo el mundo es inocente porque no se ha demostrado lo contrario.

Sin embargo, sin que haya habido pruebas concluyentes, las pesquisas parecen haber reforzado una hipótesis frente a las otras.

Durante años, en Euskadi, circuló la leyenda negra y el convencimiento de que Pertur había sido eliminado por los Bereziak, o comandos especiales de ETA (p-m). No obstante el secuestro fue reivindicado —aunque sin mayor consistencia— por tres grupos de ultraderechistas al mismo tiempo, ATE (Antiterrorismo ETA), AAA (Alianza Apostólica Anticomunista) y el Batallón Vasco Español, supuestamente vinculados con la policía y la Guardia Civil.

Hace pocos años, personas dedicadas al entretenimiento trataron de blanquear la historia con una nueva hipótesis que culpaba a neofascistas italianos que trabajaban a las órdenes de los cuerpos de seguridad, aunque estos nunca realizaron ni una redada ni un registro entre los abertzales a propósito de los datos que tras las previsibles torturas habría proporcionado Pertur. La hipótesis italiana es tan sólida que el único que dice saber algo, Angelo Izzo, llega a atribuir el secuestro y asesinato del empresario Aingeru Berazadi en 1976 a “una provocación organizada por Augusto Cauchi”, uno de sus colegas, cuando nadie discute que fue obra de ETA (p-m). Todo ello forma parte de lo posible.


El caso es que la investigación ha aportado nuevos datos. Se sabía que Pertur desapareció sin dejar rastro después de que dos de sus rivales políticos Miguel Ángel Apalategi, Apala, y Francisco Mujika, Pakito, le llevaran en coche de San Juan de Luz a Behobia (sur de Francia), un trayecto de 12 kilómetros, en el que se suele tardar un cuarto de hora, y para el que invirtieron una hora y media, sin que dieran una explicación razonable para ello.

Se conocían las discrepancias que Pertur, jefe del aparato político, mantenía con los comandos Bereziak —encargados de realizar las operaciones especiales, léase atentados, y que precisamente dirigían Apala y Pakito— y con Antxon Etxebeste, responsable del aparato político-militar. Los duros acusaban a Pertur de ser "un liquidacionista", es decir, de querer abandonar la lucha armada para formar un partido político y de haber puenteado a la dirección al tratar de influir en los presos de la banda.

Antxon Etxebeste tras declarar en la Audiencia Nacional También se sabía que en mayo de 1976, Antxon había "arrestado" a Pertur por indisciplina, pero que en una Conferencia de Cuadros de la organización, los asistentes habían exigido la presencia del "retenido", obligando a Antxon a recular. En esa asamblea hubo un varapalo para todos y tanto Pertur, como Antxon y Apala fueron destituidos de sus cargos. La nueva dirección recomendó a Pertur que cambiara de domicilio para evitar represalias. Medio año después se produjo la escisión que acabaría con Antxón, Pakito y Apala en ETA militar.

Se conocía también la carta manuscrita que Pertur remitió a su novia, Lourdes Auzmendi, 13 días antes de su desaparición. En ella calificaba a los Bereziak de "bestias" que habían convertido a ETA en un estado policial "donde cada uno sospecha del vecino y este del otro" y manifestaba: "No logro zafarme de esa dinámica infernal de las conspiraciones, del infundio, de la mentira, etc; de esa dinámica que tiende a eliminar rivales políticos no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, de la seguridad".

Lourdes Auzmendi, ex novia de PerturEn cambio, no se conocía la revelación de Lourdes Auzmendi al juez Andreu, según la cual un ex miembro de ETA que había coincidido con Apala en Nicaragua, le había contado que este había reconocido que a Pertur "le habían secuestrado ellos, le habían dado muerte y le habían tirado al mar". Lo probable.

Tampoco se sabía que los dirigentes de ETA militar Argala y Txomin, ya fallecidos, llegaron a consolar a Auzmendi por su pérdida y le expresaron su convicción de que habían sido polimilis rivales los que habían hecho desaparecer a Pertur.

El periodista Ander Landaburu, que trató de investigar el caso en el sur de Francia, recibió amenazas para que parase en sus pesquisas o se atuviese a las consecuencias. Previamente, el consejero del Gobierno Vasco en el exilio Mikel Isasi le había expresado su sospecha de que los Bereziak eran los autores del secuestro.

Antxon Etxebeste y Pakito han asegurado que ETA no tuvo nada que ver con la desaparición. Apala está en paradero desconocido.

Decía G. K. Chesterton: "Puedo creer lo imposible, pero no lo improbable". Usted, lector, como siempre, puede creer lo que quiera. Faltaría más.

 

Lourdes Auzmendi, en la Audiencia Nacional. Foto: Álvaro García.

Gigi Chao y su pareja
Gigi Chao, derecha, posa con su pareja Sean Eav en un evento en Hong Kong. Foto AP.

 

En tiempos de crisis, imaginación y sentido del humor. Los jueces, igual que los funcionarios, han visto recortado su sueldo y eliminada la paga de Navidad. La decisión es provisionalmente definitiva o definitivamente provisional, como prefieran, porque la medida fue impugnada ante el Tribunal Constitucional,  pero nadie imagina siquiera la posibilidad de recuperar esos ingresos ya perdidos.

De hecho, la mayoría de los servidores públicos ya se han hecho a la idea de la rebaja de sus emolumentos y, tras los cálculos correspondientes, alguno se ha dado cuenta de que no le llega para la hipoteca, el colegio de los niños, las letras del coche y demás gastos.

Pero los jueces y magistrados tienen un régimen bastante estricto de incompatibilidades, de forma que para redondear el sueldo, algunos dan clases de derecho, cursos o conferencias, escriben libros o ejercen de preparadores de oposiciones. Pero son los menos, y generalmente los menos necesitados, porque para esas actividades se requiere prestigio y categoría y no es lo mismo que el libro lo escriba un magistrado del Supremo, que un juez de un mixto de provincias, por muy buena cabeza que tenga.

Lo que me ha divertido -y causado admiración, porque aprecio que alguien conteste con humor en lugar de un exabrupto en una situación delicada o simplemente mala- es la propuesta formulada por una magistrada de Las Palmas en el foro de discusión que los jueces tienen para comentar sus cosas. Esta señoría ha instado a sus compañeros varones a que acepten la oferta del millonario de Hong Kong Cecil Chao que recompensará con 65 millones de dólares al hombre que consiga conquistar a su hija Gigi, que es lesbiana, vive en Francia y se casó este año con otra mujer con la que llevaba siete años de relación.

Cecil Chao

La magistrada de Canarias asegura que ninguna de las actividades compatibles con el hecho de ser juez está tan bien remunerada como esa “aunque parezca discriminatoria por razón de sexo”

Con el sexo, precisamente, está relacionada la solución imaginativa que propone un juez de Valencia. “Como manera de denunciar la situación y a la vez sacar los colores al Consejo General del Poder Judicial”, precisa, “siempre he pensado qué pasaría si alguien en la carrera se le ocurriera en un escrito bien redactado, serio y sin aspavientos solicitar la compatibilidad para el ejercicio de la prostitución, a la vista de que no podemos hacer casi otra cosa”.

El mismo magistrado se regocija de la idea y precisa: “Sería divertido ver los titulares del periódico cuando se filtrara”.

El caso es que si los jueces van mal, los periodistas vamos peor, seguramente porque, como dicen algunos, hemos vivido como millonarios. En prácticamente todos los medios ha habido reducciones de plantilla, ese eufemismo de despidos, y al que todavía no le han despedido le han bajado el sueldo.

Así que, como para afrontar la crisis hay que echarle imaginación y humor, quizá me proponga conquistar a la señora Chao, con el permiso de mi santa, para poder mantener el nivelazo de millonario que hemos disfrutado hasta ahora. Para lo de ejercer la prostitución, parece que somos viejos y caros, por lo que lo tenemos más crudo. Claro que, los que tengan conocimientos de música, siempre podrán retomar el oficio de pianista de burdel, que de forma ficticia se esgrimía ante la familia para conferirnos una pátina de respetabilidad, en lugar de la deleznable y vergonzante sinecura de periodista.

Sobre el autor

(Donostia-San Sebastián, 1954)
es periodista licenciado en la Universidad
de Navarra. Lleva en El País desde 1983, donde ha
sido corresponsal de Interior y miembro del equipo de
Investigación. Como redactor jurídico ha cubierto casi todos los
juicios importantes que ha habido en España, desde el 23-F, el
síndrome tóxico o el crimen de los Urquijo hasta los atentados del 11-M.

Sobre el blog

Este blog es un lugar de encuentro sobre temas jurídicos, pero no es para todo el mundo. Es muy recomendable tener mucho sentido común y ganas de sonreír, ya que el humor es síntoma de inteligencia. La única norma es el respeto a los demás. Si usted prefiere insultar es muy libre, pero le agradecería que no se molestase en seguir leyendo, yo también preferiría estar en la playa.
El blog se alimentará también -o principalmente- con la serie de artículos que bajo el título “El último recurso” se publican los lunes en El País

Nuevo libro

El último recurso El último recurso. Los artículos que forman parte de este compendio fueron publicados en EL PAÍS bajo el epígrafe El último recurso durante los años 2010 y 2011. Todos ellos fueron escritos durante esas horas de la noche en la que todo parece estar parado y en silencio. Mi objetivo era centrar el foco o aportar un punto de vista particular hacia algunas noticias que me parecía que merecían mayor atención que la que se les había prestado. La otra finalidad, no menor, era que el lector se lo pasara bien y que, a ser posible, esbozara una sonrisa. Y ello, aunque el tema a tratar fuera tan tremendo como la rebaja de cinco años en la condena de un tipo que dejó a su mujer parapléjica a golpes.

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