El Gobierno está empeñado en lograr cuanto antes otro pacto de rentas que sustituya al que se encontró a principios de 2012, recién estrenado en el poder y que los sindicatos habían propiciado para frenar la reforma laboral que luego promulgó. El actual acuerdo tiene vigencia hasta final de año, y con el objetivo de renovarlo, entre otros, Mariano Rajoy convocó el pasado 18 de marzo a los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, para incluirlo en la nueva ola de reformas previstas para completar la legislatura y cumplir con las exigencias de organismos europeos e internacionales (entre otras, sobre la reforma laboral), que no dejan de insistir.
Sin embargo, pasado mes y medio desde entonces, apenas ha habido algún movimiento que no sea bipartito (entre sindicatos y patronal). O, como dijo Méndez, “está inédito” en la relación con el Gobierno. Por eso están a la espera de que, una vez pasadas las elecciones europeas, Rajoy mueva ficha, aunque muy probablemente no se produzca hasta después de la cita con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de la reforma fiscal, que esperan de manera inminente.
Los agentes sociales contemplan un nuevo pacto desde perspectivas muy distintas a las de 2012, cuando la crisis era lacerante y el posible rescate se daba por hecho. El compromiso de los sindicatos de moderar salarios y de las empresas de contener precios, se cumplió a medias. Es decir, se moderaron los salarios y poco los precios. Además, el Gobierno también incumplió su promesa de no subir impuestos, con lo que al final la devaluación interna perjudicó básicamente a los asalariados. La evolución de la inflación permite ahora no ser demasiado exigentes en salarios; pero bajo la premisa de que no puede haber una pérdida de poder adquisitivo como la que se produjo en el anterior pacto.
La patronal, por su parte, ha tenido tres fases, pasando de pedir una prórroga del anterior pacto, a lo que los sindicatos no están de ninguna manera dispuestos, a proponer un acuerdo partiendo de cero, para acabar con la oferta de alcanzar un acuerdo general que sirva de paraguas para negociar después por sectores. Precisamente, en esa línea se manifestó el viernes Rosell en las Jornadas del Círculo de Economía celebradas en Sitges (Barcelona). Rosell dijo que algunas empresas pueden “incrementar los salarios” en los sectores que ya han conseguido dejar atrás la crisis y recuperado “actividad y beneficio”. “Ojalá podamos”, sentenció.
Esta posibilidad, que permitiría a cada sector plantear un salario acorde a su situación económica, está más en consonancia con el planteamiento de los sindicatos, que consideran un periodo de tres años de vigencia para el nuevo pacto, teniendo en cuenta sobre todo que será el de la recuperación. Pero, mientras tanto, no está despejada la incógnita sobre el futuro de la reforma laboral y si el Gobierno pretende dar otra vuelta de tuerca como le piden desde distintos organismos.
Precisamente, en la reforma se detine el Informe sobre la democracia en España 2014, de la Fundación Alternativas dirigido por Joaquín Estefanía. Según el estudio, “no solo ha disminuido la tasa de temporalidad, sino que ha aumentado la rotación de contratos, y tampoco ha reducido, sino todo lo contrario, el paro de larga duración”. “Ha optado por la vía drástica de tratar de desarticular la negociación colectiva, es decir, simplemente de que los sindicatos pierdan poder muy en la línea de las peticiones extremas de la patronal”, añade. Y termina: “Ha favorecido la devaluación salarial interna, aunque no se sabe todavía qué parte se debe a la reforma y cuál a la intensidad de la crisis”.
El informe sostiene que “para un futuro inmediato se está pronosticando un crecimiento homeopático que poco ayudará a la creación de empleo y dependerá, en gran medida, del comportamiento de la economía mundial”. También destaca que “la evolución del mercado de trabajo no está siendo particularmente positiva, la mayor parte de la mejora se debe a la disminución de la población activa y la escasa contratación nueva sigue siendo abrumadoramente temporal”, incide.
“Las reformas han de ser realistas, factibles presupuestariamente y sostenibles en el tiempo, justificar su necesidad y objetivos, favorecer una distribución de la renta tolerable y explicar que no hay reformas en las que todos ganen”, según el informe, que subraya que el Gobierno ha optado por una agenda, condicionada por organismos internacionales, con mayor peso en reducir el déficit público y en las reformas laboral y financiera, de la que dice que “el diagnóstico de la crisis financiera y de sus efectos sobre el sistema financiero fue erróneo y pecó de optimista, y la reforma tuvo elementos de imprevisión e improvisación”.
Sostiene que “la recuperación del crédito aún tardara en llegar” y que la reforma de las pensiones es correcta pero no suficiente, por lo que, “si no se reforma convenientemente el sistema público será sustuituido por el aseguramiento privado”. Sobre la reforma fiscal, mantiene que “ es urgente porque el actual sistema da muestras claras de insuficiencias y ha acumulado ineficiencias que afectan a su neutralidad”.