Joaquín Prieto

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, periodista moderadamente francófilo y excorresponsal en París, actualmente es editorialista de EL PAÍS.

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Un pequeño gesto de rebeldía

Por: | 06 de junio de 2012

 

 

Holl 6 junio
De Bruselas llega un mensaje a los diferentes países europeos: por favor, retrasen cuanto antes la edad de jubilación a los 67 años. Los argumentos que apuntan en esa dirección vienen de lejos y pueden resumirse en pocas palabras: los presupuestos nacionales no aguantan y la moneda única es incapaz de soportar el coste de sistemas sociales divergentes. Por eso, la decisión tomada ayer por el nuevo Gobierno socialista francés, al adelantar a los 60 años la edad de jubilación para los trabajadores que hayan comenzado a trabajar muy jóvenes (a los 18 o 19) y tengan cotizados más de 41, representa un primer paso en la dirección contraria a la deseada por la Comisión Europea. Y al criterio de la OCDE, que el próximo lunes insistirá en la reforma de los sistemas de pensiones para que sean viables.

Este pequeño gesto de rebeldía se produce justo a tiempo de que cause efectos en las inminentes elecciones legislativas, cuya primera cita es el domingo 10 de junio. Francia, que ya sufrió protestas sociales cuando el Gobierno de Nicolas Sarkozy subió la edad de jubilación de los 60 a los 62 años, goza de uno de los regímenes públicos de jubilación más interesantes de Europa (para el afectado), y por lo tanto, más caros de mantener.

Según el think thank "Economía y generaciones", lanzado recientemente por una veintena de investigadores, la población contará con un 30% de seniors en 2030. Y aunque Francia es uno de los países más jóvenes de Europa, dada su apreciable tasa de natalidad, el peso de los gastos para financiar la vejez alcanzará casi un tercio del PIB en veinte años. Para costearlo proponen una política dirigida simultáneamente a la juventud y a la vejez: favorecer las transferencias de patrimonio hacia los jóvenes, con impuestos más altos para las herencias que para las donaciones; impulsar el empleo de los seniors, establecer un sistema de jubilación por puntos (que permita elegir entre trabajar más o dejar de ser activo), favorecer la inmigración y ampliar las fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Es posible que alguna de esas propuestas interesen a Hollande, pero eso será después de las legislativas. Por el momento se ha limitado al pequeño gesto social de anticipar la jubilación de los que empezaron a trabajar muy jóvenes, juzgado duramente por políticos de derecha como la confirmación de que la izquierda “solo sabe gastar”. Vamos, la catástrofe en perspectiva es tan grande que los trabajadores con veinte o treinta años en la actualidad quizá no pueden jubilarse, porque no habrá dinero para pagárselo cuando les toque, según Laurence Parisot, presidenta de la organización patronal.

En España, la jubilación está fijada oficialmente en los 65 años, con la previsión de retrasarla progresivamente hasta los 67 desde 2013, con la finalidad de implantar los 67 de forma generalizada en 2027. Largo me lo fiáis, habrá dicho (no explícitamente) la Comisión Europea. Pero sin pensar en plazos tan lejanos, aparecen otras inquietudes mucho más perentorias. Probablemente no habrá "liquidez" para pagar las pensiones este mismo año y el Gobierno de Rajoy no descarta recurrir a "la hucha" del Fondo de Reserva para salvar las "tensiones" de liquidez que provocan la crisis y la destrucción de empleo. Un escenario francamente distinto al que se dibuja en el vecino del norte, con su retorno parcial a la jubilación a los 60. La cuestión no es solo que Francia pueda pagárselo o no. El verdadero problema es si ya no hay modo de evitar la batalla, abierta y a las claras, por la armonización "a la baja" de los sistemas sociales en Europa.

El País

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