España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de transparencia y acceso a la información pública. Le acompañan en este furgón de cola Luxemburgo, Malta y Chipre. El Consejo de Ministros de 29 de julio aprobó un anteproyecto que nunca llegó al Congreso porque ese mismo día Zapatero anunció el adelanto de las elecciones. Un mes antes el PP había registrado su propia proposición de ley. Uno de los efectos indeseados del acortamiento de la legislatura es que en la próxima habrá que partir de cero.
El anteproyecto socialista invoca ocho artículos de la Constitución en su texto, aunque elude mencionar el 20.1 (derecho a recibir información), que lo inscribiría en el capítulo intocable de los derechos fundamentales. Es justamente lo que exigen Info Access y la Coalición Pro Acceso, plataforma civil extraordinariamente activa en la promoción de una ley de transparencia que el 15-M incorporó a su ideario desde primera hora. El control social del poder es una condición irrenunciable, aunque no suficiente, para que la política recupere parte del prestigio dilapidado por causa de innumerables casos de corrupción, sospechas de vasallaje a intereses particulares o, más simplemente, ineptitud. El ciudadano no se conforma con ser un simple votante cada cuatro años, exige poder informarse puntualmente de lo que hacen sus representantes, de cómo gastan los dineros, porqué toman unas decisiones y no otras. Y esto vale para todos los organismos públicos.